Multas por mal uso de datos personales

El monto de sanción será de hasta $113 mil 235 a los servidores públicos.

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José Orlando Espinosa, presidente del Idaip, dijo que se había establecido como plazo un año luego de publicar la ley en el Periódico Oficial. (Benjamín Pat / SIPSE)
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Benjamín Pat / SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El uso indebido de datos personales en Quintana Roo por parte de servidores públicos será sancionado, a partir de este año, con una multa económica de hasta 113 mil 235 pesos, al aprobarse la legislación respectiva.

El dictamen aprobado por el Congreso local faculta al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaip) a investigar las denuncias sobre actos violatorios.

El Congreso aprobó el dictamen que faculta al Idaip a investigar denuncias por actos violatorios.

Los partidos políticos también están obligados a cumplir las disposiciones de la legislación y, en caso de responsabilidades, las resoluciones serán turnadas a la autoridad electoral para aplicar las medidas de apremio.

José Orlando Espinosa Rodríguez, presidente del Idaip, dijo que se trata de una ley nueva que deberá ser aplicada por el organismo estatal, para lo cual será necesario actualizar sus reglamentos internos.

Los artículos transitorios establecieron como plazo un año después de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo; sin embargo, según el funcionario los trabajos iniciarán en breve.

“Es una ley recién aprobada, y en general el Instituto debe aplicarla y sobre todo vigilará su cumplimiento por parte de los servidores públicos, aunque también representa retos en materia de personal”, señaló.

De acuerdo con la legislación aprobada el pasado martes, serán motivos de sanción por incumplimiento usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar total o parcialmente y de manera indebida datos personales que se encuentren bajo su custodia o a los cuales tengan acceso con motivo de su empleo, cargo o comisión.

“Somos el tercer estado que cumple con el mandato federal, es una manera de protegernos como ciudadanos de nuestra información personal que, por motivos diversos, los entes públicos la tienen en su poder y no pueden estarse permitiendo que sin ningún tipo de reglamentación hagan un mal uso”, señaló Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la Décimoquinta Legislatura del Congreso local.

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