En un encuentro reciente “de mujeres y para mujeres” transmitido desde Cancún por redes sociales, una de las expositoras conminaba a sus congéneres a dejar el “feminismo pop”, para tomar definitivamente las riendas del hogar, de la educación, la cultura y la política, entre otros ámbitos clave para el desarrollo del país.

La mayoría insistía en que la nueva forma de empoderarse es, primero, quitando trabas; “porque ya nos dimos cuenta de que somos capaces y, si cumplimos o no, dependerá de muchas variables, no solo de nuestro talento. Sin duda, antes debemos despejar el camino”, argumentó otra de las asistentes.

Esta idea de “transitar por autopistas y no por caminos empedrados”, o de establecer “piso parejo”, está madurando en Quintana Roo, con paladines visibles de norte a sur. Una de las más destacadas es Laura Fernández Piña, presidenta municipal de Puerto Morelos, quien, si bien ha reconocido la apertura de espacios públicos (su trayectoria es prueba infalible), critica las dificultades del proceso.

La semana pasada, en una reunión con diputadas quintanarroenses, Fernández explicaba las bondades de la propuesta emanada de su cabildo para reformar la Constitución local, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Penal, la Ley Electoral de Quintana Roo y la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo.

¿Para qué? Para quienes participen en la vida pública no sufran discriminación y puedan competir en condiciones de igualdad. Porque la realidad exhibe una paradoja: el aumento en el porcentaje de mujeres que compiten y acceden a un cargo público, ha venido acompañado de un repunte en el número de víctimas de violencia política. Y en vista de la ausencia de un marco normativo que tipifique ese tipo de agresión, el peligro se multiplica.

El problema, pues, no solo radica en la oportunidad de alcanzar la candidatura, sino que tiende a perpetuarse en otras etapas, cuyos procedimientos son “manipulados” por hombres desde las esferas, aun cuando ellas son mayoría en el padrón electoral (52%) y demuestran una participación ejemplar en comicios.

La propuesta portomorelense es completa y afín a otras presentadas por algunas legisladoras. Bien podrían retroalimentarse, sobre todo en estas fechas, cuando se impone un debate profundo en torno a la equidad y la justicia. Después de todo, apostar por la igualdad implica preservar la democracia, mejorar la organización de las elecciones y fomentar la participación ciudadana.

Hay actitud, consenso y contexto, por lo que es urgente establecer mecanismos de protección antes de iniciar el próximo proceso comicial, ya que la violencia política debe ser ley y no solo un “concepto de moda asociado a grupos feministas”, como la han interpretado erróneamente algunos machistas en el poder.