Idalia Carrillo / SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La falta de reglamento y de un tarifario que regule la operación de 311 grúas en Quintana Roo, permite que se cometan abusos en contra de los ciudadanos que pagan hasta 20 mil pesos por este servicio.

A los gastos por el arrastre del vehículo se suman los costos de involucrarse en un incidente de tránsito, además de los derivados por que la unidad permanezca en los corralones, que son administrados por las mismas empresas que operan las grúas.

Alejandro Ramos Hernández, director de transporte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), informó que a pesar de que existe una ley que ordena la elaboración de un tarifario para la operación de estas empresas, éste no ha sido elaborado, por lo que las grúas se van “por la libre” y cobran lo que quieren por sus servicios.

“Las grúas son concesiones que otorga el estado. Las tarifas están establecidas por Sintra, sin embargo, desde que esto se plasmó en la ley a la fecha no existe un tarifario, su única referencia es el tarifario que maneja la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT)”.

Agregó que los automovilistas desconocen esta tarifa, lo que provoca que sean víctimas del abuso de algunos concesionarios, “porque hay empresas que cobran hasta 15 mil o 20 mil pesos por un arrastre”. Estas empresas operan sin regulación alguna, tan es así que se han involucrado en casos de robo de vehículos y autopartes.

En el expediente número 019/2015 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chetumal, se relata el caso de un particular cuyo vehículo fue embargado y trasladado al corralón de la empresa Grúas del Carmen en 2014. Cuando acreditó la posesión legal de la unidad y se ordenó la liberación, el vehículo no se encontró en el corralón.

Fue hallado por elementos de la Policía Ministerial el 9 de marzo de 2017. En operativos de tránsito las autoridades solicitan el servicio de grúa cuando el conductor del vehículo está alcoholizado o no cuenta con la documentación vigente.

La diputada Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Decimoquinta Legislatura, presentó en enero de 2016 una iniciativa para regular la operación de estas empresas.