Que las instituciones nacionales resistan los constantes intentos de Andrés Manuel López Obrador por minimizarlas y hasta desmantelarlas, y que las elecciones de medio año no desquicien la actividad gubernamental, serán factores fundamentales para que el actual gobierno mantenga los reportes de muy buenos resultados de crecimiento económico y estabilidad política al momento de la transición, que, poses aparte, exigirá que la próxima presidenta —que seguramente será Claudia Sheinbaum Pardo— plantee un plan de gobierno propio, con base en sus capacidades y no en la inercia.

Las amenazas para el país no son económicas o estructurales, sino políticas, y en ello las votaciones serán un hito que habrá que librar, pero la asunción no simulada del poder será el verdadero reto.

Hoy cumple años la abuela. Son 107 los que carga a cuestas, pero, junto al respeto por sus canas, muchos mexicanos creemos que las gestas que la alumbraron —reformó a la de liberal de 1857, que fue y sigue siendo modelo de los regímenes republicanos y democráticos del mundo—, incorporando el ideario de la última gran guerra civil, que todos conocemos como Revolución Mexicana, pero por increíble que parezca el respeto y veneración —que no se debe a sus canas, sino a su vigor fundacional— no parece ser compartido por todos los compatriotas: algunos, con sus ataques permanentes, de acedo aliento autoritario, parecerían querer verla sepultada, y lo peor es que los embates provienen precisamente de uno de los tres poderes que ella tutela y controla.

Muy poco feliz cumpleaños, Constitución, cuando el Poder Ejecutivo está empeñado en superponerse, en arrollar a los demás, con la mayoritaria —más no absoluta, por ventura— complicidad del Legislativo. “¡Infeliz cumpleaños, a ti!”, pudiéramos cantar a la Carta Magna, ahora que con una fuerza no vista desde el porfiriato el “hombre fuerte”, el presidente de la república pretende ningunearla para imponer al poder que representa —seguramente él cree que no solo lo representa, sino que él mismo es el propio poder— sobre los otros dos que consagra como gobierno el mismo documento fundamental de nuestro país, definido en ella como una democracia representativa.

En ese más que enrarecido, degradado ambiente debemos recordar hoy a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformado en 1917 por una presidencia que, tanto para su ejército como para sí misma, hubo de llamarse Constitucionalista, logrando incluso defender a sí mismo de las tentaciones autoritarias del caudillo que la instauró, Venustiano Carranza, el Barón de Cuatro Ciénegas, que se vio él mismo sometido al renovado régimen constitucionalista.

Desde las turbulencias de la Revolución no se había visto un intento tan explícito de desobedecer las prescripciones de la Constitución como el que ahora pretende perpetrar el popularísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, que es casi dueño del Poder Legislativo —lo que logró por la vía democrática— y pretende enseñorearse del Judicial por la vía de la imposición, de la agresión golpista, diríamos, pero la defensa hasta ahora ha sido sólida.

¿La última? Citamos a El País: “A menos de 24 horas de que la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) declarara inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) —la iniciativa del presidente López Obrador diseñada para excluir a los inversionistas privados en el sector—, los diputados de su partido, Morena, han informado este jueves que preparan un juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, quien, a palabras de la vicecoordinadora de los diputados morenistas, Aleida Alavez, no asumió los procedimientos internos para la deliberación que hizo la tarde del miércoles. ‘No es un tema personal, no estamos hablando de personas. Es un tema que va más allá’, ha dicho, en conferencia de prensa, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, acompañado de los representantes de su bancada”.

En su discurso, el presidente, sus legisladores y su partido parecen desconocer cuál es la función del Máximo Tribunal, que es el de garantizar la constitucionalidad y convencionalidad de las leyes y actos de los justiciables, y no analizar la pertinencia o inconveniencia jurídica o práctica de los mismos. Si la reforma eléctrica, verbigracia, es buena, conveniente, justa, mala inoportuna o injusta no es asunto de la Corte. Tampoco importa si un ordenamiento o acto es fifí o popilar, conservador o progresista, sino que esté apegado o no a la Carta Magna y a los tratados y convenciones internacionales de los que México es signatario. Punto.

Que si el Peje es de todos tan querido, que si Bartlett es hojaldra de jamón con queso, que si el pueblo unido jamás será vencido… son todos temas ajenos al interés de la Corte, en la misma manera en que escapan a la temática y articulado del librito cuyo cumpleaños celebramos hoy.

Haríamos bien en entederlo… y más: en no fingir que no lo entendemos.