La inminente secretaria de Gobernación Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, con todo y su interminable nombre integró, junto con Genaro Góngora Pimentel, la corriente garantista y progresista de una Suprema Corte de Justicia de la Nación más bien conservadora –como suelen ser los tribunales constitucionales del mundo–, elevando con sus proyectos y votaciones el nivel jurisprudencial del máximo tribunal del país. La semana pasada, en una comida con notarios públicos, dejó ver que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometerá con la justicia que necesariamente tendría que ver con el cambio y la transformación del país.

Tres garantías tres –como en los carteles taurinos– está ofreciendo la ex ministra, para que los poderes judiciales nacional, de los estados y la Ciudad de México dejen de ser ejecutores de los titulares de los ejecutivos:

La primera garantía de las mencionadas consistiría en establecer un porcentaje de los presupuestos de los estados para el funcionamiento de los tribunales superiores. La idea es que ya no se esté cabildeando año con año el monto de los recursos con los mandatarios estatales y el jefe de gobierno de la Ciudad de México.

La segunda garantía que ofrece la número dos del gobierno que asumirá funciones el 1 de diciembre es la inamovilidad de jueces y magistrados, Sánchez Cordero expresó que “no podemos estar supeditados a la voluntad de un gobernador o un congreso por no haber resuelto asuntos de conformidad a sus intereses”. En efecto, cuando los intersticios de la normatividad y las prácticas gobernativas permiten que un mandatario y hasta otros poderes fácticos destituyan a un juzgador es imposible la autonomía que la Constitución General prescribe. Así, la justicia es simplemente imposible.

En tercer término Olga Sánchez se refirió a la carrera judicial de jueces y magistrados, previendo tal vez la creación de un colegio –escuela, dijo– nacional de jueces y magistrados, que se aboquen a aplicar estrictos exámenes de oposición para todasd las titularidades en juzgados, tribunales y salas de justicia. Entre la incompetencia y la corrupción, la recta asignación de los togados en todos los órdenes gubernamentales es una materia pendiente.

Por último y en cuarto lugar, la abogada propone el establecimiento de un haber de retiro para los impartidores de justicia, lo que les permitiría tener una seguridad patrimonial que no los tiente a pactar con los poderes constitucionales y fácticos prebendas a futuro a cambio de una indeseable aquiescencia judicial.

La próxima titular de la Secretaría de Gobernación también habló de una iniciativa de ley general en materia de notariado: la única forma de acceso a ser fedatario oficial será por exámenes de oposición transparentes en pruebas teóricas y prácticas. Ya no se permitiría que los gobernadores, al final de su gestión, entreguen el jugoso negocio a sus amistades, compadres y amigos. A ver si es cierto.