La reciente revelación sobre la falta de preparación académica de los diputados de Morena en Quintana Roo plantea serias interrogantes sobre la calidad de la representación que estamos recibiendo.

Pero la preocupación se agudiza cuando nos enteramos que son estos mismos diputados, con falta de preparación académica, los que quieren ser reelectos para un periodo más en el Poder Legislativo del estado.

Más allá de los requisitos legales, es crucial preguntarnos si estos legisladores están verdaderamente capacitados para abordar los complejos problemas que enfrenta nuestro estado y cuestionar verdaderamente su intención de reelección.

El caso del diputado Luis Humberto Aldana Navarro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, es solo un ejemplo de esta problemática.

Con solo estudios de preparatoria, ha ocupado diversos cargos políticos, desde ser delegado en funciones de presidente de Morena Quintana Roo hasta regidor en el ayuntamiento de Benito Juárez. Ahora busca la reelección y, paradójicamente, aspira a una candidatura por la diputación federal del Distrito 04.

Aldana Navarro no está solo en su falta de preparación. María Fernanda Cruz Sánchez, José María Chacón Chablé, Omar Antonio Rodríguez Martínez, Isaac Janix Alanís y Ricardo Velazco Rodríguez son otros casos preocupantes.

La diversidad de niveles educativos, desde licenciaturas truncas hasta preparatoria trunca, plantea serias dudas sobre la capacidad de estos representantes para comprender y abordar temas legislativos complejos.

La Constitución Política del Estado de Quintana Roo establece requisitos mínimos para ser diputado, pero ¿es suficiente ser mayor de 18 años y tener 6 años de residencia en el estado para liderar en la toma de decisiones legislativas? La respuesta parece evidente cuando consideramos el desempeño de la XVII Legislatura encabezada por Morena.

No podemos pasar por alto las constantes admoniciones de autoridades federales a esta legislatura, como la reciente intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar la participación de comunidades indígenas y personas con discapacidad en consultas legislativas.

El episodio más reciente, donde la reforma al artículo 682 del Código Civil estatal fue calificada como violatoria de los derechos humanos por el "Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida", muestra la urgencia de contar con legisladores que comprendan las implicaciones y responsabilidades de sus decisiones.

En las próximas elecciones, los quintanarroenses tienen la oportunidad de elegir representantes más preparados y comprometidos con la calidad de vida de la comunidad.

Es tiempo de reflexionar sobre la importancia de la educación y la preparación académica en aquellos que toman decisiones cruciales para el futuro de nuestro estado.

¿Le permitirá su partido volver a nombrarlos candidatos?