Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Al menos 11 ex funcionarios estatales fueron los que autorizaron contratos y pagos por concepto de servicios aéreos, en el caso de VIP Saesa, de acuerdo con una lista de órdenes de aprehensión autorizadas por un juez de control.

Según los datos recabados, la Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con otras 11 órdenes de aprehensión por cumplimentar en el expediente 151/2017 por desempeño irregular de la función pública.

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La lista está encabezada por Roberto Borge Angulo, ex gobernador del Estado, preso en Panamá en espera de una extradición a México.

También están Luis González Flores, Román Quian Alcocer y Gabriel Mendicuti Loría, todos ex titulares de la Secretaría de Gobierno. Los dos últimos tramitaron sus amparos ante los Juzgados Segundo y Quinto de Distrito, en Chetumal y Cancún, respectivamente.

Otros nombres en la lista de órdenes de aprehensión son Mauricio Góngora Escalante y Juan Pablo Guillermo Molina, ex titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

De igual manera, Erce Barrón Barrera, ex titular de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Mario Castro Basto y Fernando Escamilla Carrillo, ex titulares de Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra).

Los otros dos son Gonzalo Herrera Castilla, ex titular de la Secretaría de la Gestión Pública (SGP) y Víctor Hugo Loyola Corona, quien fungió en su momento como Procurador Fiscal de la Sefiplan.

Todos ellos, según las investigaciones y documentos oficiales formaron parte del Consejo de Administración o del Comité de Adquisiciones de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S. A.

Acosta Gutiérrez prepara recurso legal

Hasta el momento, la FGE encabezada por Miguel Ángel Pech Cen, únicamente ha cumplimentado una orden de aprehensión en contra de Carlos A. Acosta Gutiérrez, quien fungió como director y representante legal de la empresa.

Apenas esta semana un Juez de Control determinó la vinculación a proceso del imputado, quien deberá enfrentarlo en prisión preventiva, tras una audiencia que duró casi 19 horas.

Sin embargo, el ex director de VIP Saesa pudiera pasar poco tiempo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, porque su defensa legal prepara un recurso de amparo con el cual buscan revertir la decisión del juzgado local.

El argumento es una serie de violaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, especialmente el Capítulo VII sobre Nulidad de Actos Procedimentales en las que incurrió la Fiscalía General del Estado.

El principal fue la certificación de los documentos contables, los cuales, fueron realizados por personas que no cumplen con los requisitos legales, tras la negativa de un perito especializado de la Procuraduría General de la República (PGR) que argumentó irregularidades en el expediente.