Ernesto Neveu/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La misma competencia desleal y el mercado negro del pollo en canal que llevaron a la ruina al ex mayorista Rubén Darío Pérez Méndez, continúa dándose en la capital del estado, pese a la millonaria multa que la Comisión Federal de Competencia impuso hace un par de semanas a distribuidores y empresas del giro para sancionar la práctica monopólica.

 

El propio Rubén Darío Pérez Méndez relata la manera en que Jorge Ismael Romero Sierra, vendedor mayorista y supuesto compadre de José Gamaliel Perera Franco, gerente local de la empresa Bachoco, aprovecha este nexo para obtener precios muy por debajo del costo y, a su vez, vender más barato el producto al público, con lo que “revienta” a la competencia para expandir cada vez más las sucursales de “Pollería y Carnicería Romero”.

 

Pérez Méndez señaló que el asunto comenzó hace poco más de dos años, cuando varios distribuidores de pollo locales y los gerentes de las empresas Bachoco y Crío (Pollo Industrializado de México) se juntaron para crear un oligopolio y mantener un solo precio al público, pero hubo quienes no quisieron entrarle al negocio y pagaron las consecuencias.

 

“Y lo lograron, desplazaron a un servidor, desplazaron a Josías, a Julio Valdivieso, a un tal McLiberty. Se pusieron de acuerdo los mayoristas y los dos gerentes y nadie nos vendía pollo. Yo tenía que ir a buscarlo a Nicolás Bravo, a Xul-Ha, a Dziuché y a Felipe Carrillo Puerto. Claro que subían mis costos y me mermaron, me fueron acabando. Luego se repartieron mis clientes, Crío se quedó con unos y Bachoco con otros” abundó.

 

"Las condiciones de la famosa sociedad era que nadie le quitaba clientes a nadie, si eso sucedía le imponían una multa de 500 pesos al detallista, si insistía le dejaban de vender pollo y a la tercera simplemente lo desaparecían del negocio" recalcó .

 

Esa misma situación padeció Pedro Manuel Azueta Salazar, luego de ser obligado por Erick Manuel Cuevas Herrera, entonces gerente de Crío, y por José Gamaliel Perera Franco, gerente local de Bachoco. Esa organización era encabezada por Jorge Ismael Romero Sierra y se pagaban cuotas de cinco mil pesos mensuales.

 

“Los precios eran fijados por los gerentes de Bachoco y de Crío, con base a supuestos estudios de mercado, y todo teníamos que poner nuestras cartulinas con el mismo precio, porque al que no lo respetaba, no se le surtía pollo” mencionó.

 

Azueta Salazar confirmó que Jorge Ismael Romero Sierra mantiene la práctica de poner una pollería frente a la de cualquier nuevo vendedor, ofertando el pollo mucho más barato hasta quebrar a la competencia. Esto pudimos constatarlo en tres direcciones diferentes, una de ellas en Calderitas, donde el pollo se vende al público a 31.90 pesos el kilo en el establecimiento “Pollería y Carnicería Romero”, precio que tiene que mantener el pequeño negocio de enfrente, que apenas si vende 14 pollos diarios. En la calle Juan Escutia, entre Cozumel y Veracruz, de la colonia capitalina Primera Legislatura ya se instala otra carnicería y pollería, al igual que sucedió en la esquina de Zapata con Niños Héroes de Chapultepec, frente a la pollería “Azueta”.

 

Doña Norma, muy conocida por su pollería del mismo nombre en la colonia Solidaridad fue víctima de la misma práctica, pero ya no quiso comentar más nada, para evitar problemas.

 

Con todo y la multa de 3 millones 155 mil 725.81 pesos fue impuesta a las empresas Bachoco y Crío, a sus gerentes, José Gamaliel Perera Franco y José Gamaliel Perera Franco, respectivamente, además de los mayoristas Jorge Ismael Romero Sierra, Leonel Próspero Pantoja González y Gerardo Antonio España Solís, el mercado negro continúa, hay muchos datos más que incluir, pero la Secretaría de Economía (SE) no ha sido notificada.

 

Sobre esta práctica ilegal, el delegado de la dependencia en Quintana Roo, José Julio Aranda Manzanero, afirmó que será retomado el caso a partir de esta denuncia pública, y que de comprobar que las empresas y mayoristas -ya sancionados- continúan con la práctica monopólica, el asunto tendrá que abordarse por la vía penal.

 

“Vamos a investigar vía Profeco y si confirmamos que se está dando esa práctica incorrecta, lo haremos de conocimiento de la Comisión Federal de Competencia para que intervenga. Pero ya sería un asunto penal” apuntó.   

 

(Edición: Rafael Pérez)