Daniel Pacheco/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Personal jurídico de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones sobre Derechos Humanos acudió a investigar los señalamientos por presuntos actos de intimidación de autoridades educativas contra estudiantes de la primaria Eduardo Priego León. 

Los miembros de esta asociación civil se reunieron el jueves pasado con las madres de familia de los 15 niños que continúan tomando clases en el estacionamiento del plantel, con Joaquín Alberto Blanco Catzín, director de la institución; Haydee Pastrana Sánchez representante de Servicios Educativos de Quintana Roo; el jefe de Sector Educativo, la supervisora de zona y con Moisés Pacheco Forbes, tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

“Nuestra visita se debe al interés superior de los menores, lo que ocurra o pueda ocurrir con ellos, que están a la intemperie. Estamos para observar, mediar y apoyar en la situación. Lo que solicitamos es que en la medida que puedan los apoyen para no ponerlos en riesgo. Su trabajo es cuidar a los menores y vigilarlos”, dijo Leonardo Daniel Kumul Salazar, director Jurídico la ONG.

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Aseguró que de comprobar los abusos señalados se podría iniciar hasta un proceso penal en contra de quienes resulten responsables, ya que las autoridades deben de garantizar que la prioridad sea el interés superior de los menores, quienes están protegidos a nivel universal.

“Hay menores y padres de familia que lo han manifestado igual (los presuntos actos de intimidación) y lo que se tiene que tener aquí son evidencias, y para eso estamos aquí. En cuanto tengamos la mínima evidencia de que ha habido algo de eso, nosotros vamos a activar nuestros protocolos para proteger a los menores; no se puede atentar contra ellos”, resaltó el defensor de los derechos humanos.

Específicamente sobre la presencia de un elemento policiaco presuntamente armado en el lugar donde se instalan las “clases-protesta”, comentó que es posible considerarlo como un acto de intimidación si se logra demostrar que el hecho fue fraguado desde las autoridades y su presencia no obedeció a una solicitud ciudadana.

“En ese caso inmediatamente se considera una sanción muy fuerte, incluso se iniciaría hasta un proceso penal, porque el menor es un indefenso. Sea la situación que sea no se puede intimidar de esta forma, es atentar en contra de su psique y es un daño que no se repara con el temor del arma. La policía debe de tener protocolos para actuar correctamente sin armas en la zona de un plantel educativo”, enfatizó Kumul Salazar.