Claudia Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con sus respectivas modificaciones de Marina Kaybal no contempla una regadera, por lo que esta debe ser retirada, y la rampa de botado que se excedió 70 en su construcción debe ajustarse a lo autorizado, determinó la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa).

Luego de una serie de denuncias ciudadanas por la construcción de un muelle flotante en el cuerpo del Sistema Lagunar Nichupté a la altura del kilómetro 3.5 con calle Galeón en el bulevar Kukulcán, Profepa acudió el pasado 9 de agosto a una inspección ocular y documental del lugar.

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Al término de la misma, el pasado 11 de agosto, la dependencia indicó que luego de verificar los términos y condicionantes de las autorizaciones en materia de impacto ambiental del proyecto, encontradas las irregularidades señaladas anteriormente, daba un plazo de cinco días a la empresa náutica para que presente la documentación correspondiente del proyecto y de las adecuaciones detectadas.

Una vez analizada la documentación, la dependencia realizó la notificación correspondiente a la marina para que atienda lo que se le ordena, puesto que no se limitó a las respectivas autorizaciones que hiciera la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en marzo pasado.

En 2015 fueron solicitadas modificaciones al proyecto presentado, entre ellas la ampliación del muelle flotante a poco más de 800 metros lineales, de los cuales llevan 50% de la construcción.

Modificaciones a la MIA que hasta el momento Semarnat no ha hecho públicas como en el caso de otros proyectos en su página de internet.

Esta no es la primera vez que Profepa interviene a dicha marina; la primera ocasión fue en 2014 cuando habían iniciado la obra amparados en una MIA de hacía más de 15 años.

En esa ocasión, Profepa ordenó que solicitaran una nueva MIA, sin embargo, al poco tiempo decidieron suspender el trámite hasta que lo reactivaron en marzo pasado.

Esta obra molestó al sector náutico y ciudadanos, por lo que acudieron a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) para solicitar su intervención, quienes hicieron un informe respectivo ante Capitanía de Puerto Juárez por la obstrucción a la navegación y a Profepa Quintana Roo, por violación a la Norma 22, donde no puede haber una construcción a menos de 100 metros de un área protegida.

Sin embargo, en ambos casos no ha habido una intervención de las autoridades locales en el tema, solo de las oficinas centrales de Profepa.