Daniel Pacheco/ SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Protección Civil busca reordenar las actividades que realizan las empresas gaseras que operan en la extensión municipal de Solidaridad, privilegiando los temas de prevención y seguridad, en cuanto al prudente manejo de este combustible. 

Orlando Muñoz Gómez, director municipal de dicha dependencia, dio a conocer de manera preliminar que se detectó que hay un total de cinco empresas surtiendo de manera comercial el gas LP en diversos puntos de la ciudad, aunque tres de estas no tienen un domicilio fiscal en la ciudad. 

También te puede interesar: Planean decirle adiós a las combis 'viejas'

“Se convocó a Z gas, Delta gas, Gas Imperial, Sony gas y Tomza de parte de la Dirección General de Protección civil, el director general, el asesor Gonzalo de la peña, el subdirector operativo Lució Salvador, los jefes de área técnica, operativa y supervisores generando acuerdos en la supervición de las unidades de reparto así como las condiciones de los cilindros y tanques estacionarios”, dijo el funcionario local.

Explicó que fue una primera reunión de cortesía para presentar a las autoridades que estarán supervisando este tipo de servicios por representar un riesgo por el manejo de material peligroso, en donde se recalcó la obligatoriedad del mantenimiento de sus instalaciones y puntos de almacenamiento por seguridad.

Muñoz Gómez dio a conocer de las cinco empresas que venden gas LP en Playa del Carmen, solo dos manejan cilindros de 20, 30 y 50 litros que son Z Gas y Gas Tomza, las otras tres llegan en pipas desde el municipio de Benito Juárez a vender en establecimiento con tanques estacionarios.   

Venta de este combustible

Ante el cuestionamiento sobre la necesidad de ordenamiento que requiere la venta de este combustible en horarios prohibidos por la reglamentación municipal vigente, el funcionario aseguró que se estará vigilando que las cinco empresas acaten la norma de manera adecuada.

Por último, informó que se ha exhortado a las empresas a vigilar que no se esté realizando el trasiego ilegal de gas por parte de sus empleados operativos, ya que en años anteriores esto ha representado riesgos públicos en zonas habitacionales.