Daniel Pacheco/ SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Alrededor de 300 quejas sobre irregularidades en la operación del servicio de Aguakán, fueron recibidas en la primer mesa de trabajo convocada por al ayuntamiento de Solidaridad en la colonia Nicte Há para evaluar el servicio de la empresa concesionaria.

Cristina Torres Gómez, presidenta municipal, aseguró que esto servirá para integrar las carpetas que se presentarán ante Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo y de la empresa para dar solución primaria y posteriormente entregar ante un juez que determinaría la posibilidad de revocación del servicio.

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“Que la concesión de la respuesta directa que el ciudadano espera. Ver cuál es la condición que tiene la CAPA con relación de la supervisión de la concesión y que nosotros, de encontrar elementos jurídicos suficientes, se presente frente a un juez para que este regule este tema, partiendo desde la sanción más leve que puede ser exigir ciertas condiciones en el suministro y servicio del agua y la última que es la revocación de la concesión”, dijo la alcaldesa. 

Además, indicó que entre las principales quejas en esta zona habitacional se encuentra que servicio del vital líquido es racionado durante las madrugadas además de cobros excesivos e incluso molestias por otros servicios como la energía eléctrica.

Por su parte representantes de la Asamblea Social del Agua en Solidaridad, convocó a la ciudadanía en general a participar en dichos formatos gubernamentales, aunque subrayaron la necesidad de enfatizar al gobierno municipal que la exigencia ciudadana y compromiso que hicieron los hoy gobernantes fue "cancelación de la concesión", ya que a su juicio, menos que eso, sería solo un engaño.

Servicio de agua

Incluso la activista Fabiola Cortés externó que en la dinámica de responsabilidad por el servicio de agua potable en el municipio, Aguakán solo se queda con el lado "bonito" del negocio, ya que la recuperación de cartera vencida, los embargos y las amenazas de lanzamiento le toca ejecutarlo a la CAPA.

“Además de que la inversión en infraestructura hidráulica igualmente fue a cargo del erario. Ya se reconoció, ya se aceptó que fue un contrato amañado y ventajoso, que se "perdieron" mil millones de pesos, y los ciudadanos seguimos sin ver acciones contundentes. Las declaraciones de buenas intenciones de los diputados no nos sirven de nada, ya resultan insultantes” dijo la también abogada que denuncio formalmente al ex gobernador Roberto Borge.