Enfrían debate sobre sistema anticorrupción

Según estudios, la corrupción tiene un costo de hasta 10% del Producto Interno Bruto Nacional.

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Nueve de cada 10 mexicanos no denuncian la corrupción por considerarla 'una pérdida de tiempo'. (Foto: Redacción/SIPSE)
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Mauricio Conde/SIPSE
CANCÚN, Q.Roo.- Mientras el Sistema Nacional Anticorrupción nació sin fiscal propio y con el estigma en contra del caso “Odebrecht”, en Quintana Roo aún no se implementa este sistema que ni siquiera se ha debatido en la plenaria del Congreso local, puesto que el tema se mantiene archivado en comisiones desde noviembre del año pasado y recientemente se incorporó a una iniciativa del PRI otra más, por parte del grupo parlamentario de Acción Nacional.

La corrupción, según diversos estudios realizados en México, significa un costo de entre 8 y 10% del Producto Interno Bruto nacional y conforme la más reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es la segunda preocupación después de la seguridad para la mayoría de los mexicanos. Dónde 8 de cada 10 mexicanos creen que la corrupción es mayor en políticos y policías; 2 de cada 10 manifestaron que vivieron alguna situación relacionada como la exigencia de un soborno o “mordida”; y 9 de cada 10 no lo denunciaron por considerarlo una pérdida de tiempo.

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Así, mientras el nombramiento del Fiscal Anticorrupción a nivel nacional cumple un proceso incumplido ya de tres años, en Quintana Roo suman dos iniciativas para implementar en la entidad su propio Sistema Anticorrupción ante el legislativo local.

Por ello, según el monitoreo de los sistemas locales anticorrupción denominado “Semáforo Anticorrupción” a cargo del Instituto Mexicano para la Competitividad, Quintana Roo registra cero por ciento de avance en la implementación de este marco jurídico, porque aún no cuenta con la ley del Sistema Anticorrupción, pero le reconoce avances en la materia como haber hecho obligatoria la presentación de la declaración de intereses patrimonial y fiscal (“3de3”) para todos los servidores públicos y definir el régimen de la Procuraduría de Justicia del estado, inclinándose por una autonomía real del Ejecutivo a través de la creación de la Fiscalía general, así como de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción.

También el IMCO reconoce a Quintana Roo haber introducido modificaciones relevantes en cuanto a las responsabilidades de servidores públicos y particulares vinculados a faltas administrativas graves o hechos de corrupción.

Sin embargo, IMCO dictó un 50% de cumplimiento en el caso de otorgar facultades al Órgano Fiscalizador Superior del Estado, la Contraloría General y a los  Órganos Internos de Control, según corresponda, para conocer, investigar y sustanciar las faltas administrativas graves y no graves. Adicionalmente, sancionar las no graves, por ejemplo.

Otro punto cumplido al 100% es el relativo a redefinir las atribuciones y facultades de Fiscalización Superior del Estado desde el nivel constitucional, fortaleciendo sus atribuciones fiscalizadoras y garantizando su autonomía técnica y de gestión. Así como en la creación del Comité de Participación Ciudadana pero advirtió el IMCO que aún no se constituye el Comité Coordinador en la materia

Cabe resaltar que el Semáforo de la Implementación de la Ley del Sistema Anticorrupción Local determina el nivel de avance al evaluar si el estado tiene o no reforma constitucional o alguna iniciativa y si tiene una estructura constitucional adecuada por medio de 10 criterios que deben contemplar las reformas constitucionales, que son LEY DEL SLA SATISFACTORIA,  LEY DEL SLA REGULAR, INICIATIVA DE LEY DEL SLA SATISFACTORIA, INICIATIVA DE LEY DEL SLA REGULAR, INICIATIVA DE LEY DEL SLA DEFICIENTE, LEY DEL SLA DEFICIENTE y SIN LEY DEL SLA.

Los semáforos anticorrupción son un parámetro de evaluación de la reforma constitucional y la Ley del Sistema Local Anticorrupción (SLA) y su implementación en las entidades del país. Documentan y estudian la calidad de la actividad legislativa en los estados con base en las constituciones locales y las agendas legislativas locales.

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