Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (ITAIP) emitió requerimientos a los 10 ayuntamientos del Estado para que, en cumplimiento de la ley, actualicen la información que exhiben en sus páginas internet.

Las observaciones fueron principalmente por información incompleta en materia de presupuestos, plazas, sueldos, comportamiento de la situación financiera, indicadores de resultados de programas, entre otros.

Municipios como Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos son los que presentan mayores atrasos en la materia, aunque pudiera deberse a la falta o problemas de acceso y cobertura tecnológica, de acuerdo con la autoridad.

José Orlando Espinosa Rodríguez, consejero presidente del ITAIP, señaló que es una obligación de los sujetos obligados.

“Constantemente se realiza la revisión de la información que ponen a disposición de los ciudadanos de una obligación que tienen por ley, y nuestra obligación es vigilar que sea información completa”, mencionó Espinosa Rodríguez.

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Información confiable al público 

Para el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es indispensable que los ciudadanos cuenten con información confiable sobre el ámbito público, porque de esa manera pueden tomar mejores decisiones.

Ahí radica la importancia de que los sujetos obligados, entre ellos los tres poderes, los organismos autónomos y los municipios cumplan cabalmente con las disposiciones en la material.

“Estamos en ese trabajo para afinar la nueva Ley de Transparencia y de Protección de los Datos Personales con los diputados”, confirmó el entrevistado.

En la legislación federal están consideradas sanciones económicas de hasta mil 500 veces el salario mínimo en contra de aquellos servidores públicos que nieguen, obstaculicen o falseen información pública.

Actualmente las facultades del IDAIP están limitadas a recomendaciones a las áreas de contraloría de las instancias para que se pueda iniciar algún procedimiento administrativo contra algún servidor público