Claudia Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Esto no es un tema de venganza personal o política, sino de justicia que incumbe a todos los quintanarroenses, y lo que se conoce es resultado de las investigaciones que se han realizado y cuando es necesario se interpone la denuncia correspondiente, señaló Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, en relación a la red de exfuncionarios que fueron beneficiados en la administración de Roberto Borge Angulo.

En los últimos meses, los Juzgados de Distrito en Quintana Roo han recibido solicitudes de amparo en contra de una o varias acciones que pudieran ejercer las autoridades judiciales en su contra y otras para evadir investigaciones de la XV Legislatura.

También te puede interesar: Gobierno de Borge 'despoja' predios en Cancún

Los nombres más recientes en la lista de amparos son exfuncionarios como José Alberto Alonso Ovando, quien fuera primero el titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y posteriormente titular de la Secretaría de Educación y Cultura en Quintana Roo (SEyC); otro exfuncionario es Juan Ortegón Pacheco, quien estuvo a cargo de la Secretaría de Servicios en Salud (SESA).

En el caso de Ovando, independientemente de su paso por CAPA y SEyC, es señalado por ser uno de los beneficiarios en la comercialización ilegal del territorio estatal. En las transacciones de bienes inmuebles invirtió casi seis millones de pesos.

Tan solo en 2012 compró una propiedad en una exclusiva zona residencial por un millón 800 mil pesos, en su primer año de funcionario estatal.

De acuerdo con el tabulador de sueldo vigente al 1 de enero de 2016 del gobierno estatal, los secretarios de estado tienen nivel 10 con un puesto de confianza, con un salario bruto mensual de 89 mil 336 a 103 mil 536 pesos que con los impuestos correspondientes el cobro mensual líquido es de 64 mil 621.58 a 73 mil 993.58 pesos, esto libre de compensaciones u otros ingresos.

En la red de corrupción de Borge Angulo que se dio a conocer a través de un noticiero nacional, esta semana se mencionan a 17 exfuncionarios estatales y socios comerciales delex gobernador, relación en la que figura Alonso Ovando también.

“A través de las auditorías se ha brindado apoyo a las distintas dependencias de la impartición de justicia local y federal, nosotros mantenemos nuestra postura de seguimiento cercano al trabajo que se hace sobre los diferentes casos que hay”, comentó el mandatario estatal.

Rafael Del Pozo Dergal, secretario de la Gestión Pública, ha señalado que hasta el momento se han interpuesto 20 denuncias en contra de varios actores de la pasada administración como resultado de las investigaciones que se realizan y vienen más denuncias en camino, derivadas de las auditorias que se realizan y entre ellas esta una a SESA.

“Considero que lo que se hace es para establecer un clima de confianza hacia las autoridades que imparten justicia, la transparencia, rendición de cuentas y la honestidad, que se debe de dar en todos los cargos donde se manejan recursos públicos, donde se debe informar y tener atenta a la población”, destacó Joaquín González.