Adrián Barreto/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) de Quintana Roo tiene postergada la aplicación de dos de cada 10 sanciones por delitos u omisiones en detrimento del medio ambiental, debido a que las empresas desarrolladoras suben a los juzgados federales sus defensas para evitar las multas.

“En el caso de ICA, que hace poco más de un año afectó al medio ambiente, comenzamos el procedimiento en ese entonces y aún lo estamos dirimiendo en los juzgados ambientales, con la toma de nota que se dio a conocer nosotros pusimos nuestras medidas legales y ellos al final del día interpusieron otros y nos entrampamos en tribunales”, dijo el titular de la oficina, Javier Jesús Cárdenas Rivero.

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El funcionario comentó, que de cada 10 procedimientos que realizan en el estado, al menos en dos se determinaron medidas de seguridad o sanción al inicio de la inspección, y de éstas, algunas se van a los juzgados como el caso de ICA.

ICA construyó la autopista Playa del Carmen-Tintal y durante los trabajos rompió una tubería de aguas negras que generó afectaciones al ecosistema; la multa que puso la Procuraduría fue de 20 mil salarios mínimos, misma que no se ha hecho efectiva por la defensa legal que la empresa hace sobre el caso.

Afectación en ámbito ambiental

“Nosotros podemos dictaminar una multa, pero al final nos combaten y generan revisiones (…) entendemos que se impacta, que hay afectación en ámbito ambiental pero hay amparos, aunque en algunos se han determinado las clausuras y tienen que regularizarse aunque para ojos de muchos sea un ecocidio”, explicó.

Destacó que muchas de las clausuras que sí se efectúan se dan en el ramo de la construcción, donde las empresas violan las condicionantes con las que se les autorizan sus proyectos.

“En general la problemática que encontramos no es que no cuenten con autorizaciones, cuando revisamos las condicionantes vemos que se les permite explotar el subsuelo para generar material para construir su propio proyecto, pero lo que hacen es venderlo al público (…) revisamos, se clausura y se determinan multas”, aseguró.