Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso del Estado inició los trabajos de análisis para la reforma de las leyes secundarias necesarias para aterrizar en Quintana Roo el Sistema Estatal Anticorrupción, previo al periodo extraordinario en puerta.

Los legisladores se reunieron con Carlos David Valladares Ramos, director Jurídico y de Vinculación Institucional de la Fiscalía General del Estado (FGE) como parte de la revisión de la iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General.

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Se trata de más 15 artículos en los que se realizan ajustes para considerar la figura de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado así como cada una de sus atribuciones.

De igual manera, se crea la figura del Órgano Interno de Control, cuya facultad de designación pasará a la Legislatura y tendrán una duración de cuatro años en el cargo.

Actualmente la Fiscalía General cuenta con una Contraloría Interna cuyo titular fue nombrado por el Fiscal General. El Órgano de Control será el que se encargue de fiscalizar el manejo de los recursos económicos.

Otro de los puntos que se consideran es la posibilidad de que los funcionarios de la Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional puedan ser también sujetos a investigación en caso de delitos o faltas administrativas.

Según el análisis vertido, el objetivo es que exista una red de observancia al trabajo y desempeño de todos los servidores públicos, a fin de que ninguno escape de la rendición de cuentas.

“Los diputados nos pidieron una opinión jurídica técnica a efectos que sea una norma completa, la más completa posible y que pueda cumplir con los objetivos de los sistemas local y nacional anticorrupción”, mencionó el representante de la Fiscalía General del Estado.

Se espera que en breve, la Diputación Permanente del Congreso Local emita la convocatoria para el cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones, durante el cual se aprobaran las leyes secundarias en materia de Anticorrupción, cuyo plazo legal vence el 18 de julio.