El debate sobre la “Ley para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas de Quintana Roo” se ha centrado en el gremio reporteril, y no tanto en el conformado por agrupaciones sociales que promueven las “garantías individuales”, aun cuando esta última denominación le quede corta al concepto más profundo.

La sociedad civil está desempeñando un rol fundamental en nuestra imperfecta democracia. Durante los últimos años, grupos organizados bajo algún propósito común han desarrollado un protagonismo que antes era sinónimo de rebeldía, y por el cual se les perseguía o castigaba.

No hay duda de que se avanza. Porque en el último tiempo, algunas asociaciones han investigado incluso mejor que las Policías; han defendido las garantías mejor que las instancias de Derechos Humanos, o han capacitado mejor que los centros de estudio, enarbolando banderas aun con peligros latentes.

A la par han surgido dirigentes y líderes de opinión que han remplazado a quienes antes mandaban en sindicatos, comités de huelga o supuestos piños subversivos, al caer éstos en el descredito por haberse entregado al poder o claudicado en la misión a cambio de beneficios. Los casos sobran al respecto.

Quintana Roo no es ajeno a esta ola social de cambios que transforman las inercias heredadas o que acomodaron al poder por su intrascendencia: durante los últimos meses, sectores otrora oprimidos o marginados han recobrado presencia, con lo cual podrían convertirse en auténticos grupos de presión. Tan incómodos como necesarios, lo irrefutable es que ganan más espacios.

Van los ejemplos: cuando la tarde del miércoles pasado se anunció el cambio en la rectoría de la Universidad del Caribe, algunas voces destacaban “la importancia” del relevo en una silla que fue herencia “de poderosos” y “de políticos”, según consta en Facebook.

Los motivos de la salida de Tirso Ordaz pueden ser diversos (no solo el asociado a la protesta contra el ex presidente Felipe Calderón), aunque la llegada de la doctora Pricila Sosa (primera mujer rectora) sí obedece a esa corriente de referentes con méritos, antaño callados de muchas malas formas, que ahora se reivindican en plan grande.

Lo mismo sucede en sindicatos de taxistas, iglesias y agrupaciones que fueron objeto de difamaciones en regímenes anteriores por acusar lo que se hacía mal desde el poder político y económico. La meritocracia vence a la imposición.

En febrero pasado, precisamente en la Unicaribe, el gobernador Carlos Joaquín les ofrecía a esta polifacética contraparte más diálogo, recomponer lazos de comunicación y conjuntar esfuerzos bajo los ejes planteados por él en su programa gubernamental. El sexto capítulo de ese plan, vinculado a la participación ciudadana, está cobrando vigencia.

En definitiva, se preparaba algo más grande que una ley: la participación ciudadana en mejores condiciones.