Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Gobierno del Estado determinó iniciar los trabajos para abrogar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo, confirmó Carlos Manuel Joaquín González, jefe del Ejecutivo.

Para el mandatario estatal la legislación creada durante la anterior administración requiere de modificaciones y mejoras, las cuales, desde su perspectiva son posibles únicamente a través de la abrogación.

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“Lo que más quiero es la protección de todos ustedes, el que los derechos humanos se respeten, y sobre todo que salga y nazca de la participación ciudadana, que todos puedan opinar. Para ello es importante modificar totalmente la que hoy tenemos”, mencionó el gobernador.

Entrevistado en Chetumal dijo que con esa decisión, cuyos trabajos deberán iniciar en esta semana o a más tardar la siguiente, quedará pospuesto el procedimiento actual que busca conformar el Consejo Consultivo del Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Para el sábado próximo estaba prevista la elección de los cinco integrantes de ese Consejo, que a su vez se encargará de designar a los representantes de la comunidad periodística y de derechos humanos en la Junta de Gobierno, máximo órgano y de toma de decisión del Sistema.

 “Se va a tener que posponer,  porque voy a pedir la abrogación e iniciar el trabajo completo de una nueva ley que pueda llevar hacia adelante algo que sea de todos, que evite conflictos, y que haya más espacios para la prensa y para los derechos humanos”, destacó.

La Ley actual fue propuesta por el ex gobernador Roberto Borge Angulo, aprobada por la XIV Legislatura y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 14 de agosto de 2015.

Ese mismo año, en septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso de inconstitucionalidad 87/2015, por considerar que se violentaban la libertad de expresión, los derechos a la no discriminación y a la seguridad jurídica.