Octavio Martínez/ SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- A pesar que se redujo el tamaño de una de las seis taquillas que la empresa Ultramar colocó en la Quinta Avenida y puntos aledaños, para los empresarios establecidos, esta acción no resuelve la situación de desorden en la zona turística.

Cristina Torres Gómez, alcaldesa, dijo que aún sigue en pláticas con la naviera, empresa que argumenta que tiene los permisos en regla para colocar seis taquillas más,  que se añaden a la fija que tiene a un lado del muelle fiscal.

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Pero empresarios comentaron que la reducción de tamaño de la caseta no soluciona en nada la situación que prevalece en la zona turística, la cual comenzó desde que se instalaron seis taquillas más de Barcos Ultramar, además que Barcos México rentó locales comerciales para vender sus boletos y excede la distancia de 1.20 metros para realizar la promoción se sus servicios.

Prestadores de servicios turísticos establecidos en dicha demarcación, desde el anonimato por temor a represalias, comentaron que la actual administración municipal sigue tolerando la colocación de negocios semifijos en la zona turística.

“El módulo de Ultramar afecta todos los negocios establecidos en los alrededores del parque Fundadores. Estamos hablando que son alrededor de 10 comercios que están afectados en esa calle, ellos están en la informalidad”, explicó un comerciante.

Asunción Ramírez Castillo, tesorero municipal,  explicó que por el momento no se puede hacer nada en torno al tema de las taquillas de Ultramar, debido a que esta empresa obtuvo unos permisos en la pasada administración municipal, pero no se les hicieron validos; sin embargo entrado el nuevo ayuntamiento insistieron en los permisos a través de un juicio que ganaron.

Venta de tours

A la colocación de las taquillas de Ultramar, se añade la instalación de casetas de venta de tours, que se encuentran colocados en plena vía pública en los alrededores del muelle fiscal Navega.

En este último punto se espera que sea mañana cuando Barcos Caribe, cuya taquilla fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se regularice.