Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaip) alista 16 requerimientos en contra de igual número de sujetos obligados por incurrir en violaciones al tema de transparencia.

José Orlando Espinosa Rodríguez, presidente del organismo, confirmó que la lista incluye al Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE), cuyas autoridades actuales declararon “confidenciales” todo lo relacionado con la lista de beneficiarios de subsidios durante 2015 y 2016.

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En ese caso, el comisionado, señaló que los argumentos utilizados por el IPAE están totalmente fuera de la ley, porque independientemente de que puedan existir auditorías a los expedientes, la lista de beneficiarios debe ser pública, tal y como lo establece el artículo 91 de la legislación vigente.

“Ellos ponen que la información no la ponen porque los expedientes no están concluidos. En el caso por ejemplo de auditorías que estén proceso, es probable que sí lo esté pero las listas de beneficiarios deben estar en la página”, señaló el funcionario.

Una vez que sean notificados del requerimiento formal, los sujetos obligados tendrán un plazo de 20 días para tener en sus portales de transparencia toda la información requerida.

“En el caso del IPAE es uno de los sujetos donde hemos encontrado algunas consistencias que se harán llegar a su titular”, mencionó.

Los ‘obligados’

Algunos de los obligados que enfrentan denuncias formales por parte de ciudadanos son los Ayuntamientos de:

- Puerto Morelos que encabeza Laura Fernández Piña;
- Benito Juárez presidido por Remberto Estrada Barba;
- Felipe Carrillo Puerto, encabezado por Paoly Perera Maldonado;
- Solidaridad de Cristina Torres y
- Cozumel presidida por Perla Tun Pech.

De igual manera están la Secretaría de Gobierno (Segob), la Universidad del Caribe, la Comisión para la Juventud y el Deporte (Cojudeq), el Fideicomiso de Promoción Turística de Benito Juárez, los Servicios Estatales de Salud, la Secretaría de Salud (Sesa), entre otros.

El plazo para la publicación de la información pública en los portales de transparencia y en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot) venció el 5 de mayo.

En agosto se realizará el cierre de las revisiones diagnósticas y a partir de enero de 2018 procederán las primeras sanciones económicos de hasta 113 mil, de continuar el incumplimiento.