Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- En Quintana Roo el 38.15% de las escuelas del nivel básico se encuentran en la incertidumbre jurídica, al no contar con títulos de propiedad o escrituras públicas de sus predios, lo cual los hace vulnerables a cualquier cambio de uso de suelo o giro, ya sea para la edificación de viviendas o para construcción de centros comerciales.

De acuerdo con información del Registro Agrario Nacional (RAN), cuando se transfirió a los estados el control del sistema educativo en 1992, la posesión legal de los predios que ocupan las escuelas de preescolar, primaria y secundarias fue un tema que se dejó a un lado, por lo que en cualquier momento pudiera darse una compra venta de los terrenos.

“En cualquier momento pudiera llegar alguien y decir señores mañana habrá aquí un centro comercial, porque sin títulos están en total estado de vulnerabilidad.  Lo que se busca es que tengan sus títulos a nombre de los Estados, que sean legítimos propietarios del predio si es primaria, secundaria y también preparatorias”, menciona la información. 

Hay mil 376 escuelas

La Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) que encabeza José Alberto Alonso Ovando, confirmó que el número oficial de planteles del nivel básico en el estado del sector público es de mil 376, de las cuales, 525 no cuentan con un documento que acredite la posesión legal del espacio que ocupa.

El mayor porcentaje se encuentra en el municipio de Benito Juárez con 151 casos y Othón P. Blanco con 126.

El resto de los planteles se encuentran en Solidaridad con 69, Felipe Carrillo Puerto 60, José María Morelos 40, Lázaro Cárdenas 31, Cozumel 22, Tulum 16, Isla Mujeres seis y Bacalar cuatro. 

En su mayoría son jardines de niños con 186 planteles educativos en esa situación, primarias 173, telesecundarias 132 y secundarias 34 casos.

Litigios

La SEyC confirmó también que actualmente enfrenta dos litigios legales por la posesión de los predios de una escuela inicial y una secundaria en los municipios de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, respectivamente.

Al respecto, el diputado presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XIV Legislatura, Emilio Jiménez Ancona, destacó la importancia de que se atienda esta problemática para evitar problemas en un futuro.

"El problema es que muchas de ellas se encuentran en terrenos que forman parte todavía de los fundos legales de los ejidos, no ha habido una enajenación de esos terrenos y es por eso que no se ha podido regularizar su situación”, indicó. 

Freno a la inversión 

Consideró que este problema pudiera derivar también en que no se puedan realizar inversiones o proyectos de inversión en las propias escuelas.

“La secretaría ha manifestado su interés, incluso el Gobierno del Estado, ha dicho que se trabaja en este tema. Si es importante que haya una seguridad jurídica porque precisamente es por eso que a veces no se pueden dar mayor inversión en esos lugares”, insistió.

Se exige comprobar la propiedad

Por su parte, Jorge Mezquita Garma, director del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo) afirmó que desde hace tres años para la construcción de nuevos edificios escolares en la entidad, es un requisito desde la etapa de licitación, contar con un documento que avale la ocupación legal del predio.

“Ahora como parte de la integración de los expedientes para las licitaciones de obras educativas en Quintana Roo se requiere la documentación que garantice la legalidad de la ocupación, ya sea a través del título de propiedad, una escritura pública, constancia de donación, constancia de ocupación u otro documento”, señaló.

Destacó que el hecho de que el documento de posesión legal sea parte fundamental para la ejecución de obras, garantiza la seguridad en la inversión.

Cabe destacar, que en 2012 el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) tuvo que reorientar para otra parte del estado recursos que se habían designado para la construcción de un edificio adicional del Plantel de Felipe Carrillo Puerto, precisamente, porque no había certeza jurídica de la tierra, confirmaron las autoridades locales.