Cobijado por el prestigio –cada vez más disminuido, por cierto– de la organización  Artículo 19, que por cierto está viendo evaporarse el jugoso negocio de venir a enseñarnos a los selváticos quintanarroenses cómo se hace una ley y por el furibundo terror antiborgista de los más papistas pontífices del “cambio”, un pequeño grupo, autonombrado colectivo aunque no sabemos si está constituido formalmente, es el que insiste, contra una abrumadora mayoría de comunicadores locales, en la abrogación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo. En el tercero y último de los foros celebrados en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y Cancún ese grupo de informadores, algunos de ellos ciertamente connotados, muy capaces, el sábado dejó de lado la razón y el diálogo para caer en el berrinche, montando un pequeño sainete en un evento en el que se esperaba argumentación inteligente en vez de poses obtusas.

Ellos querían los foros, pero en tanto no obtuvieron el aval de sus posturas durante la semana los rechazaron con su happening cancunense, descalificándolos y faltándole con ello el respeto a los colegas y a los diputados, a quienes les truenan los dedos y pretenden tratar como criados.

El gobernador Carlos Joaquín González puso el mes pasado sobre la mesa de la XV Legislatura una iniciativa para abrogar la equívocamente apodada “ley Borge” y dar pie así a que fuéramos los periodistas los que tomáramos las decisiones: triunfalistas, los colegas –que descalifican a los columnistas pero escriben columnas– creyeron en su jefatura incuestionable que podían mandar a todo el gremio, a los diputados y hasta al gobernador, de quien sabemos que tomó la decisión de respetar esta amplia consulta de periodistas, más allá de los “jefazos” que ayer tiraron el arpa. Habló la raza, el gremio al que suelen mirar por encima del hombro, la masa reporteril que no cuenta en su primer mundo de las súper manzanas. La obligación política del Estado –gobierno y diputados– es atender a esa voz.

La normatividad está vigente y quienes nos dedicamos a esta profesión, por abrumadora mayoría, nos hemos pronunciado por mantenerla y aprovechar la discusión para enriquecerla y perfeccionarla, pues es trata de un sólido punto de partida para fincar la protección a los activistas de derechos humanos y a nuestro gremio.

Nada más contradictorio respecto a la lucha que dieron los integrantes del colectivo por hacer valer los derechos a la libertad de expresión y a la información tan conculcados durante cinco años y medio del borgiato que invalidar la ley que los propios periodistas trabajaron para procurarse protección: sus gurús de Artículo 19 les mandan a acogerse a una ley federal –que no es general– y al mecanismo respectivo, echando a la basura un ordenamiento avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hay que reconocer una actitud tan abierta como valerosa de los diputados, empezando por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Eugenia Solís Salazar, quien logró superar sus fobias antiborgistas –toda la oposición al PRI padeció agravios de Roberto Borge Angulo, al igual que los periodistas “joaquinistas”– para asumir una equilibrada postura de perfiles netamente democráticos, mismos que ha esgrimido desde sus inicios en la política el presidente de la Gran Comisión Eduardo Martínez Arcila; en lo que va de la XV Legislatura ha hecho honor a tales principios. Otro diputado que tuvo una destacada participación en un proceso que debe encaminarnos a la protección institucional es el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Emiliano Ramos Hernández, que no dudó en expresar una postura claramente favorable a sostener el la ley vigente desde 2015, por supuesto con las modificaciones que pudieran surgir de los foros de la semana pasada.

Lamentable que donde debiera haber razón e inteligencia se presenten cerrazón y necedad, pero sin duda los legisladores tomarán como guía la mayoritaria manifestación de los periodistas: no a la abrogación.