Se triplica el aprovechamiento de la costa del Caribe Mexicano

En cuatro años el número de usuarios que pagan derechos pasó de mil 500 a 5 mil.

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El número de usuarios de la Zofemat en Quintana Roo se triplicó en cuatro años. (Adrián Barreto/SIPSE)
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Adrián Barreto/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Entre 2012 y 2016 la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) a nivel estatal creció más de tres veces en el número de usuarios, al pasar de mil 500 a 5 mil 427, informó Elizardo Sánchez Espejo, director de la oficina en Quintana Roo.

De acuerdo con las estadísticas, hay 3 mil 652 usuarios en la modalidad de protección y ornato, que es la mayoría, luego le siguen los de uso general o explotación comercial con mil 684, y al final hay 91 concesiones de pesca.

“Hubo una modificación importante, hace cinco años había mil 500 usuarios en todo el Estado, y ahora son más de 5 mil usuarios de zona federal. Aunque cabe destacar que ahí se cuentan los condominios por unidad condominal, o sea que 15 unidades pueden hacer uso de la misma playa, pero sí ha habido un incremento, una mayor presión para el ecosistema costero”, explicó.

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El funcionario apuntó que salvo en el rubro de actividades primarias en donde se ubica a la pesca, donde las 91 personas tienen concesión, en las otras modalidades de usuarios, es decir los de uso general y los de protección y ornato, no todos tienen concesión, pero sí pagan derechos.

Agregó que la relevancia de este crecimiento triplicado en el número de usuarios en la zona federal, se centra en el uso general, pues es a través del cual se genera la presión al ambiente por actividades turísticas; en el mismo lapso de tiempo creció de 600 a los mil 684. 

“Tenemos que ver lo que viene después de esto, que es la actualización de la zona federal, que la Secretaría de Medio Ambiente federal a través de la Zofemat defina las delimitaciones en las que trabajan los municipios del estado, y evaluar dónde sí y dónde no se darán más concesiones, especialmente de uso general”, dijo.

Sánchez Espejo comentó que los municipios deben idear un plan de ordenamiento costero -instrumento que hasta ahora solo tiene Solidaridad- para evaluar los impactos en el ambiente que dejan las actividades turística, algo que quedará fuera de la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano, y calificar las zonas de playas susceptibles a explotación o preservación.

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