Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Comisión de Justicia de la Decimoquinta Legislatura, declaró procedente la solicitud de juicio político en contra de los tres magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), después de una consulta jurídica a nivel federal.

Durante una sesión privada, realizada en la Sala de Comisiones, los legisladores integrantes, determinaron que la petición presentada por Sergio Avilés Demeneghi, actual consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), cumple con los requisitos de procedibilidad.

El asunto será turnado en los próximos días al pleno de la Legislatura para que se proceda a la designación de una Comisión Instructora que se encargue de analizar a fondo cada una de las pruebas planteadas.

Los magistrados son Víctor Vivas Vivas, presidente del Teqroo; así como Vicente Aguilar Rojas y Nora Leticia Cerón González, quienes fueron designados en diciembre de 2015 por el Senado de la República.

Nueva propuesta 

Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión de Justicia, confirmó que tras un análisis jurídico, se determinó que el Congreso Local sí tiene facultades para instaurar un procedimiento contra dichos funcionarios.

“Consideramos estar autorizados para iniciar el procedimiento para que inicie en este ámbito, a través de la Gran Comisión la propuesta de una Comisión Instructora que llevará a cabo los trabajos de revisión y valoración de las pruebas y que en su momento, dictaminen ellos el juicio político”, señaló.

En su momento, integrantes de la Comisión de Justicia, realizaron consultas a nivel federal, principalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al propio Senado de la República, sobre el tema.

Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso Local, indicó que será la siguiente semana cuando se comience a turnar a la mesa directiva del actual periodo de sesiones, la propuesta de integración de la Comisión Instructora.

Los magistrados del Teqroo están señalados de diversas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, entre ellos, el presunto plagio de una sentencia de la autoridad jurisdiccional en el estado de Zacatecas.