Benjamín Pat/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- El Registro de Víctimas de Quintana Roo registró un crecimiento de 285% durante el 2017, al sumar a 117 nuevos integrantes, quienes seguirán esperando, porque hasta la fecha no existe un fondo de reparación.

De acuerdo con los datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, actualmente el padrón está integrado por 158 personas, de las cuales, 41 están en la lista de espera desde el año 2016.

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Del total, 84 son personas víctimas directas e indirectas de delitos, mientras que los otros 74 fueron inscritos en el Registro derivado de violaciones a sus derechos humanos.

Sin embargo, a pesar de los números, hasta el momento ninguno ha recibido el pago de la reparación del daño, a pesar de que año con año se etiquetan los recursos para la integración de un fondo.

Entrevistada al respecto, Karla Rivero González, presidente de la Comisión, reconoció que el Fondo de Reparación es uno de los grandes pendientes en materia de atención de víctimas en Quintana Roo.

“Es un tema que no se ha podido aterrizar, primero porque no había un reglamento, mismo que tardó bastante tiempo en su revisión y publicación. Finalmente ya está publicado, junto con el Protocolo de Atención. Ahora solo falta la firma del contrato con la institución bancaria”, detalló.

El contrato para la integración del Fideicomiso del Fondo ya fue revisado y avalado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y hace unos días fue turnado a la Secretaría de la Contraloría (Secoes) para su visto bueno, y posteriormente se podrá proceder a la firma.

De acuerdo con la legislación, el monto inicial del Fondo será de tres millones 978 mil pesos, que corresponde al 0.014% del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

No obstante, las estimaciones indican que el monto alcanzará para cubrir apenas a unos cuantos de la lista de espera, tomando en cuenta la cantidad de reparación por cada persona.

En el caso de víctimas de delito el monto máximo es de 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, 40 mil 300 pesos.

En lo que corresponde a víctimas de violaciones a derechos humanos, la cifra es incierta y se calculará con base a estándares y criterios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como la gravedad de los casos, que a nivel nacional al alcanzado un mínimo de 400 mil pesos.