Supuestos paladines de la lucha contra la corrupción al inicio de la actual decimoquinta legislatura, a los diputados de Quintana Roo, al parecer se les acabó el gas después de que lograron revertir parcialmente el llamado “paquete de impunidad” que, fast track, le aprobaron a Roberto Borge Angulo los diputados de la decimocuarta cuando éste ya sentía pasos en la azotea ante la inminente llegada al poder de su “archienemigo” Carlos Joaquín González, pero Quintana Roo es uno de los que no han avanzado en la armonización legislativa para el Sistema Nacional Anticorrupción. Tienen hasta julio y no se ve nada claro.

Tampoco el nuevo fiscal Miguel Angel Pech Cen ha reportado algún a avance en procesos contra los corruptos de la administración pasada, aunque desde luego cabe esperar el mayor cuidado en la integración y seguimiento de presuntas carpetas de investigación. Mas el tiempo corre y no es a favor del actual gobernador y del cumplimiento de sus promesas de campaña.

La extensión del servicio de guaruras personales a 15 años, la modificación de diversas leyes que suavizaban los castigos por conductas ilícitas de funcionarios públicos en cuanto al manejo del erario y la instauración del Tribunal de Justicia Administrativa comandado por tres alfiles de Roberto Borge pudieron revertirse, y el titular de la recién creada Fiscalía General Carlos Arturo Álvarez Escalera fue orillado renunciar, pero permanece Javier Zetina González –primo del exgobernador Félix González Canto, gurú de “Beto” y alto funcionario borgista– en la Auditoría Superior, amén de la permanencia de los magistrados a modo del Poder Judicial que junto con su venal presidente Fidel Villanueva Rivero salvaguardan los intereses del sexenio pasado, donde por lo menos el primer juzgador del estado es sospechoso de participar en la “legalización” de despojos inmobiliarios y triquiñuelas laborales para justificar enajenaciones de valiosos predios e inmuebles. “Javicho” sigue tan campante, pues sabe que constitucionalmente será difícil revertir la maniobra de Borge y parece que no hará como el procurador, que renunció por presiones políticas pero no por mandato de ley.

El secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, es otro que no ha pasado de lo mediático en su acción justiciera: dijo que la semana pasada interpondría tremebundas denuncias ante la PGR y la fiscalía local contra el exsecretario de Finanzas y Planeación Juan Pablo Guillermo Molina y un puñado más de funcionarios borgistas de la CAPA, Sedari, Sintra, Consejería Jurídica y Vip Saesa, que sólo se acumularían a las del año pasado que, hasta ahora, duermen el sueño de los justos, pero no se vuelven justicia. Pura lengua.