El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) tiene innumerables bondades. En esta transformación total, donde no sólo cambia la estructura administrativa sino el desarrollo del proceso (desde la integración de la carpeta de investigación hasta la audiencia ante el juez), hay dos áreas nuevas destacadas en procuración de justicia: la Unidad de Atención Temprana y la Justicia Alternativa.

En la primera, ha explicado el procurador Gaspar García Torres, se da una valoración de los hechos para determinar el cauce legal. Si no ameritan ser constituidos como delito, el quejoso es turnado a un área para levantar su reporte, aunque no se inicia una investigación por tratarse de algo menor, como extravío de documentos o placas, por colocar un ejemplo.

Cuando sí hay delito se valora bajo dos vertientes: si es grave o menor. Si es delito menor, al ciudadano se le da la oportunidad para recurrir a la conciliación en la otra área nueva: la Justicia Alternativa.

En ella laboran dos tipos de funcionarios especializados: facilitadores y gestores, cuya función en común es procurar los acuerdos reparatorios con el fin de que el daño sea resarcido y evitar así un procedimiento desgastante. 

En la mayoría de los casos el ciudadano opta por la reparación, previo convenio y otros compromisos firmados ante la autoridad; por ejemplo, en un choque, pues el agraviado prefiere el pago y no proceder.

Este mecanismo ya está generando resultados admirables. Para demostrarlo, convienen las cifras en el Distrito Judicial de Chetumal (Othón P. Blanco y Bacalar): Del 10 de junio -fecha que arranció el NSJP- al 10 de julio aproximadamente, de las 500 carpetas de investigación iniciadas, la mitad ha cumplido los requisitos para ser canalizada a justicia alternativa, y de esa mitad, un 80 por ciento ha sido resuelto por la vía de reparación.

“La gente ha accedido porque siente que así se aplica la tan ansiada justicia pronta y expedita”, sintetiza García Torres, uno de los arquitectos de esta favorable realidad.

A veces sucede que debido al coraje por un choque, una riña o una venganza, la persona quiere seguir un juicio sin considerar las consecuencias, aun cuando esta justicia alternativa sí garantiza la reparación porque se efectúa ante una autoridad constituida y reconocida por ley, no por acuerdo administrativo. Esta fuerza vinculatoria es precisamente una de las claves del exitoso proceso, manifiesta.

Si el inculpado no cumple con el acuerdo reparatorio hay dos consecuencias: lo vinculan a proceso y pierde la posibilidad de que en otro caso posterior sea sujeto a esta alternativa, quedando excluido de esta gestión facilitadora aunque sea trate de algo menor.

Estas áreas son dos filtros que permiten depurar los asuntos. En lo que va del año, son más de 16 mil delitos denunciados en Quintana Roo, y el 70 por ciento de éstos son de naturaleza menor: lesiones, riñas, accidentes, fraudes, abusos de confianza y otros; es decir, los que pueden ser conciliables.

El reto, considera García Torres, es motivar al ciudadano a que busque la reparación y olvidar esos procesos largos en los que a veces no se garantiza el resarcimiento.

El ciudadano del sur ya está entendiendo estos beneficios y, sobre todo, otorgando la confianza suficiente a la autoridad, cada vez mejor preparada debido a la capacitación y las certificaciones. Al respecto, esto da esperanza: Hasta el 21 de julio han sido aplicado exámenes de control de confianza a 204 agentes del Ministerio Público, 102 peritos, 490 agentes de la Policía Ministerial, 244 oficiales secretarios del MPFC y 77 personas que tienen a su cargo direcciones, subdirecciones y coordinaciones. Antes de que venza la prórroga, en octubre, el 100 por ciento del personal de la PGJE estará acreditado.

Quintana Roo está entre los cinco Estados más seguros, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y este NSJP, con todos sus atributos, consolidará dicho logro.