A horas de concluir su encomienda constitucional están compareciendo servidores públicos, responsables de áreas clave, en el Congreso del Estado. Ayer fue turno de Juan Pablo Guillermo, secretario de Finanzas y Planeación; Carlos Álvarez Escalera, fiscal general, y Juan Pedro Mercader, de Seguridad Pública.

Según lo programado, hoy seguirán el secretario de Salud; el encargado de despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado. Mañana cerraría el secretario de Infraestructura y Transporte. Siete en total.

La idea central es que precisen o amplíen lo presentado en el Quinto Informe de Gobierno; aunque en tales condiciones, lo vivido por estos “elegidos”, se asemeja más a estar en el banquillo de los acusados que en la pasarela de otros años, cuando se lucían con datos, cifras y estadísticas casi incuestionables.

Por la fecha, estas asistencias podrían convertirse en oportunidad para acusaciones sin sentido, para debates sin profundidad, y no para conocer la situación real de Quintana Roo, pues evidentemente no coinciden las versiones de quienes se van con los que llegan. Y eso no augura nada positivo.

En un intento por transparentar se ha optado por difundir las sesiones en tiempo real mediante redes sociales, en una muestra de que los actuales diputados pretenden dar más certezas, por aquello de las medias verdades y la opacidad que les achacan a los aún en desempeño. Sin duda, más un éxito comunicacional que una prueba de honestidad.

No obstante, las confusiones persistieron tras las primeras comparecencias, pues hubo supuestas declaraciones opuestas a lo manifestado en el recinto legislativo, motivadas aparentemente por quienes rechazan la total rendición de cuentas. Casos concretos, lo del bono sexenal y la deuda.

Los legisladores tienen una buena oportunidad de segur avanzando con pie firme. Porque la sociedad considera un acierto haber votado contra dos decretos del llamado blindaje o “paquete de impunidad” en días pasados, aun cuando podría ser vetado por el Ejecutivo. Ha sido una buena señal.

Por lo mismo, si ahora sacan provecho de las presentaciones en curso, rescatando lo que funciona, siendo objetivos en cuanto a metas cumplidas, demostrarán que no los mueve la inútil idea de la condena en tiempos de “reconstrucción”, como le denominan al proceso.
Algo más que no deben ignorar: medir con la misma vara. Tal como tratan a estos, deberán trabajar con los que llegarán, cuando esta “nueva mayoría” sea parte del oficialismo, aunque cobijada en otro Poder, con facultades y atribuciones autónomas en lo teórico.
Sólo de esta manera podrán propiciar acuerdos y consensos que los ciudadanos sabrán valorar en su justa dimensión; de lo contrario, caerían en lo mismo que han criticado hasta el cansancio.

Desorbitado

La misión tiene que ser quién y para qué incendió la vegetación en isla Holbox. Si ya se sabe que más del 90% de las conflagraciones son “provocadas”, conocer entonces el motivo de aquellos es la clave.

En esa área de selva baja predomina la palma chit (especie protegida), pero suponen hay afectación en humedales y manglares, sin contar aún la fauna abundante del lugar. 
Es un drama que no debe pasar inadvertido, como tampoco las devastaciones intencionales sin autorizaciones para grandes desarrollos en otros municipios.

Hasta el momento han quedado mal las instancias obligadas a combatir el fuego, por su respuesta tardía, lenta e insuficiente para quienes sufren sus efectos.