En una clara muestra del exceso de poder, característico de los gobiernos fascistas del siglo pasado, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, pidió a su Congreso aprobar una serie de reformas locales que contemplan cárcel, inhabilitación del servicio docente y multas a los maestros que abandonen las aulas para manifestarse públicamente y presionar a sus alumnos a participar en dichos eventos. Pretende aplicar la extrema medida a todos sus maestros, pese a que existe un reglamento general de las condiciones de trabajo que dispone sanciones administrativas, descuentos y el despido para aquel que trasgreda la ley.

La fobia y el desprecio a los maestros se manifiesta nuevamente en su administración, pues es la segunda vez en menos de un año que busca, por la vía constitucional, implantar la pena de cárcel como delito a una falta de tipo laboral. Recordemos que en julio del 2013, el diputado Antonio Rodríguez Hurtado, del partido Nueva Alianza (filial política del SNTE), incongruentemente y contra los principios sindicales, presentó al pleno del Congreso mexiquense la iniciativa de ley para encarcelar de cinco a 10 años a maestros que, pretendiendo fundar una nueva escuela, den clases sin el permiso correspondiente del gobierno.

Esta práctica es muy común entre el magisterio nacional para presionar a las autoridades educativas a construir escuelas en lugares donde hace falta el servicio educativo y nunca se ha encarcelado a algún maestro por dicha acción.

Hoy, nuevamente se busca aplicar sanciones penales que van de los cinco a los 10 años de prisión a los maestros que afecten el servicio educativo, además de la rescisión de su contrato y la módica multa que oscilaría entre los 30 a los 150 días de salario mínimo. Igualmente se propone la inhabilitación de dos a ocho años en cargos públicos, y cárcel de seis a 12 años, para los profesores que coaccionen a sus alumnos para que acudan a manifestaciones de protesta. En este caso, al infractor se le impondrá una multa que fluctuaría de los 500 a mil días de salarios mínimos.

Las intenciones son correctas, mas no la forma, ya que existe la Ley de Servidores Públicos para atender estos casos. Modificar el Código Penal y de Procedimientos Penales, para tipificarlo como delito, trasgrede derechos constitucionales como la libertad de expresión. Simplemente apliquen la ley sin excederse.