La semana anterior le comentaba de lo caótico de las pensiones, pues prácticamente el disfrute de una pensión digna es más que un sueño. De las pensiones que se otorgarán conforme a la llamada Ley 1973 ya le hemos comentado que existe un enorme interés por modificar la forma para determinarlas.

Primero fue el IMSS, luego la OCDE, la SHCP, la Consar, la SCJN y múltiples y prestigiados consultores financieros, que aducen a diestra y siniestra que los “pasivos laborales del país” ponen en riesgo la viabilidad del sistema de pensiones. Y aunque la aseveración tenga algo de cierta, nada justifica la pretensión de modificar el método de cálculo de las pensiones que se otorgarán por la Ley 1973.Me pregunto: ¿acaso es justificable empobrecer aún más a una clase trabajadora que, dentro de los esquemas de pensión, es la menos favorecida?

Si en los meses por venir se llegase a autorizar que se modifiquen los procedimientos de cálculo, tenga por seguro que la medida se traducirá en un severo detrimento en el monto de la pensión a recibir.

De modificarse el procedimiento de cálculo y reducir el monto de las pensiones, sería una gran ofensa para la clase trabajadora. Esa misma clase trabajadora es la que hoy día, con su ahorro para el retiro, da certeza y estabilidad al sistema económico del país.

Y le digo lo anterior porque más del 51% del ahorro generado por los trabajadores nos lo debe el mismo gobierno, que quiere modificar los esquemas de pensión. Actualmente, lo ahorrado para el retiro, más lo ahorrado en forma voluntaria por los trabajadores, se utiliza para financiar la operación gubernamental y cuando el Legislativo o el Ejecutivo, o ambos en contubernio, decidan darle la gran estocada a la clase trabajadora, modificando la forma para determinar las pensiones, no habrá poder humano que pueda revertir esa situación.

Por fortuna, las circunstancias políticas impiden que, de momento, se tomen decisiones de esa naturaleza; después de 2018 habrá que encomendarnos al santo de nuestra mayor devoción. 

A las pensiones que se pagarán a partir de 2021, previstas en la Ley 1997, les sucederá algo parecido a lo ocurrido cuando se instauró el SAR 92. Entonces  se definió que los recursos acumulados se entregarían al recibir pensión o cumplir 65 años de edad, y así vivir nuestra vejez felices y contentos; pero sólo estuvo vigente 63 meses.

En respuesta, la Ley 1997 estableció el pago de una Pensión Garantizada (para este año de $2,491) como opción para quien no alcance pensión. Ni con ahorro voluntario el problema se resolverá; entonces, la solución será reducir los montos de quienes se pensionen por Ley 1973. ¡Qué caos con las pensiones!