Preocupa la percepción ciudadana de que la CNTE le volvió a recetar la misma medicina al Gobierno Federal doblándolo de nuevo con la liberación de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, secretario general y de Organización, ambos de la sección 22 de Oaxaca, acusados de desvío de dinero y robo y detenidos desde junio pasado.

Su salida del penal se engarza a un interminable rosario de liberaciones incomprensibles ante la legalidad constitucional y la incertidumbre en el ejercicio de los derechos de los mexicanos y que nos dejan una crisis profunda de credibilidad y confianza en los diferentes niveles de gobierno.

Rescato el caso de la ex dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, a quien por delitos similares se le mantiene refundida en prisión, negándole el derecho constitucional de que, al cumplir los 70 años, la ley le otorgaría el beneficio del arresto domiciliario.

Aquí vale la pena comparar los daños, doña Elba fastidió solamente a su gremio calculado en un millón cuatrocientos mil maestros, en cambio, los líderes de la CNTE han llevado a la bancarrota a miles de comerciantes, dañando de manera incalculable a la economía del país y poniendo en riesgo el Estado de Derecho en diferentes regiones de México; sin embargo, los cargos son tomados con indiferencia por las autoridades, que, al final, optaron por soltarlos.

Todo esto transcurre en una aberrante realidad: ante el desorden y la intranquilidad, no hay consecuencias para los funcionarios del gobierno, no hay consecuencias para los grupos que operan fuera de la ley y finalmente se sigue cediendo en la totalidad a los chantajes.

¿De qué sirvió la detención de Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez y de sus cómplices Juan Carlos Orozco Matus, Heriberto Magariño López, Othón Nazariega, Roberto Abel, Aciel Sibaja y Efraín Picazo Pérez, todos ellos acusados de delitos federales?

Con sus líderes en la calle, se atrincheraron en su asamblea estatal y decidieron recrudecer sus acciones reactivando bloqueos carreteros, fortalecer sus plantones, boicotear a la iniciativa privada e impedir el comienzo del próximo ciclo escolar.

El tiempo apremia, el marcador se está abultando a favor de la CNTE y las consecuencias para retomar el Estado de Derecho pudieran alcanzar costos impensables. La cordura debe prevalecer en el Legislativo y pulir las agudas puntas de la reforma educativa que son señaladas por el magisterio como punitivas.