Con el agua hasta el cuello

En Aguakán “no conocen aún” el procedimiento por el cual el Cabildo solidarense pretende rescindirle la concesión...

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En Aguakán “no conocen aún” el procedimiento por el cual el Cabildo solidarense pretende rescindirle la concesión del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, otorgada en diciembre de 2014, para restituir esa obligación a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Saben “de acciones”, también en el Congreso del estado, pero no han sido notificados formalmente, aseguró a Novedades, César Espinoza Rodríguez, gerente de Planificación, Proyectos y Obras de la empresa que, sin embargo, “continuará trabajando su programa con normalidad en Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos”, sostuvo la misma fuente.

El agua les llega al cuello al menos en ese primer municipio, porque ya obra un Punto de Acuerdo, turnado a las 15 regidurías para su análisis, el cual sería aprobado en la próxima sesión. Esta operación será el motor de la Comisión Especial de Rescisión y Vigilancia de Concesiones, integrada días atrás para tal efecto.

Los argumentos sobran, aunque uno es clave: la violación del artículo 126 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado al no realizarse una convocatoria (en 2014), que debió organizar el Consejo Directivo de la CAPA con las respectivas bases, asegurando mejores condiciones en precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes.

Respecto a la última línea del párrafo anterior, abundan las quejas de consumidores y usuarios, quienes han demostrado interés en aportar pruebas contra una empresa favorecida hasta el 2053 por las anteriores administraciones del estado, de este municipio, Isla Mujeres y Benito Juárez (además de Puerto Morelos, entonces alcaldía de este último).

Hasta el momento está siendo un éxito político para los actuales servidores públicos de Playa del Carmen, principalmente para la presidenta Cristina Torres y la diputada Laura Beristain, para quienes el tema en cuestión representó una bandera de lucha en campaña, por el cual quedaron comprometidas ante miles de ciudadanos inconformes. 

De lograr la revocación, sería un arranque inmejorable, pues no debe olvidarse que gestionaron la detención del nuevo crédito, incluso antes de asumir, en tanto han sabido responder a las demandas más urgentes de una población enardecida por la ineptitud demostrada de los ex funcionarios.

Han encendido la mecha. Por una especie de “efecto dominó”, por moral y mera emoción, la iniciativa se replicaría en Puerto Morelos, aunque en Isla Mujeres y Benito Juárez sea complejo porque “está en segundo plano”, afirmó Gerardo Mora, el titular de CAPA, quien por cierto mandó un aviso a la concesionaria: “Si me piden mil millones (por indemnización), no los tengo”.

Algo abona al escándalo: los directivos de Aguakán pagaron mil 55 millones 999 mil 972 pesos por prórroga e incorporación. Nadie sabe dónde está el dinero.

Desorbitado

La polémica no queda ahí. El síndico de Solidaridad, Juan Carlos Beristaín Navarrete (hermano de la diputada antes mencionada), informó que están revisando las condiciones y los plazos de los permisos entregados a particulares. Algunos podrían ser retirados, sobre todo, aquellos que no brindan un servicio óptimo. 

En este sentido, puso a temblar a los de Promotora Ambiental, S.A. de C. V. (PASA), la cual ostenta la concesión por la gestión de la basura, así como a los de Transportes Unidos del Carmen (Tucsa), que ofrece el transporte público en la demarcación.

Tampoco se salvan las compañías de grúas, cuyos propietarios o representantes legales han sido acusados por mantener acuerdos con autoridades de Tránsito en torno a multas, arrastre y encierro.

Las temáticas son diversas y, por supuesto, en ellas reside una lógica carga política electoral, por lo que apenas empiezan los manotazos en la mesa.

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