Decisiones centralistas

El 16 de febrero de 1984 el general Graciliano Alpuche Pinzón, gobernador de Yucatán desde el 1 de febrero de 1982, solicitó al Congreso del Estado licencia...

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El 16 de febrero de 1984 el general Graciliano Alpuche Pinzón, gobernador de Yucatán desde el 1 de febrero de 1982, solicitó al Congreso del Estado licencia para separarse de su cargo por un periodo de seis meses "para atender asuntos de orden personal". Según información de la prensa “el gobernador había viajado por la mañana a la Ciudad de México, en donde acudió a las oficinas de la Secretaría de Gobernación, y por la tarde volvió a Mérida acompañado del diputado federal Víctor Cervera Pacheco. Al aceptar la solicitud de licencia, la legislatura local -reunida en sesión extraordinaria- designó a Cervera Pacheco como gobernador interino”.

Los motivos “personales” de su renuncia no eran otra cosa sino una notoria incapacidad para gobernar el Estado, además de que había nombrado a familiares suyos en varios puestos de gobierno. En particular se señalaron como causas de su renuncia que había creado un enfrentamiento serio entre distintas facciones de campesinos miembros de la CNC, y que había sido incapaz de ofrecer soluciones al problema principal que aquejaba a Yucatán, el del henequén. Miguel de la Madrid había ejercido su poder absoluto.  

El intervencionismo presidencial fue un símbolo de autoritarismo durante varias décadas en México, una realidad que todavía está vigente. El caso más reciente fue el de la dimisión  del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, el pasado 18 de junio.  Anteriormente una larga lista de renuncias y solicitudes de licencias confirmaron la tesis de que la pretendida autonomía de las entidades federativas es relativa. 

Así lo entendieron Xicoténcatl Leyva (Baja California, 1988); Eduardo Robledo Rincón (Chiapas, 1995); Rubén Figueroa Alcocer (Guerrero, 1996); Guillermo Cossío Vidaurri (Jalisco, 1992); Jorge Carrillo Olea (Morelos, 1998); Sócrates Rizzo (Nuevo León, 1996); Fausto Zapata (San Luis Potosí, 1991); Salvador Neme (Tabasco, 1992), entre otros.

Los motivos esgrimidos, casi siempre han sido “personales” y “de salud”, pero las razones reales han sido entre otras la incapacidad evidente para gobernar, actos omisivos o permisivos graves, involucramiento directo en elecciones fraudulentas; pero también por interferir el gobernador en turno con las decisiones e intereses políticos y económicos del Presidente en turno. 

En Quintana Roo Mario Villanueva no sólo interfirió con los intereses de Ernesto Zedillo, sino que lo desafió abiertamente. No pudo el poder central obligarlo a dimitir, pero sí logró someterlo al final del cargo ante los pies de la justicia federal. El mensaje ha sido desde siempre muy claro para cualquier gobernador: el poder presidencial absoluto es el único contrapeso al poder absoluto. 

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