La atención a las víctimas directas o indirectas de un delito es una tarea urgente y de enormes retos para el Estado, a quien corresponde proveerle un defensor que le permita conocer y obtener calidad en la investigación del Ministerio Público y estar bien representado ante las autoridades judiciales.

Recientemente, el Dr. Rubén Vasconcelos Méndez, director jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismo que trabaja a nivel federal para garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, habló en Yucatán sobre el tamaño del reto que significará, para los estados, llegar a un modelo integral de defensa de las víctimas en los procesos penales.

Es decir, como ocurre con el derecho de defensa del imputado y la obligación del Estado a garantizarle ese derecho, igualmente se trata de garantizar que la víctima tenga una defensa y una participación amplísima en la investigación y procuración de la justicia, con capacidad para dar impulso a ésta o incluso oponerse e inconformarse con el desempeño del Ministerio Público (MP). También debe conocer y entender los recursos legales que tiene a la mano para inconformarse con las sentencias de la autoridad judicial.

En este aspecto, México ha ido evolucionando y con la Ley General de Víctimas de 2013, las funciones del MP, cuyo fin es investigar para demostrar o no la existencia de un delito y la responsabilidad de quien lo cometió, se han acotado y es un órgano diferente (la CEAV para delitos federales) el que asegura esta asesoría para las victimas. 

Sin embargo, más del 90% de los delitos son del orden estatal y las entidades tienen ante así la carga más importante para lograr que las víctimas cuenten con un aparato completo de asesoría, protección, acompañamiento y soporte que les permita enfrentarse a los procesos judiciales en mucho mejor condición.

Esta atención integral a víctimas por parte de los gobiernos estatales no deberá ser sólo jurídica, sino también del ámbito psicológico, social, de salud, incluso laboral y en general en todos los aspectos que se relacionen con la afectación de la víctima del delito.

Yucatán se prepara ya para este importante cambio y en octubre próximo entrará en vigor la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, y posteriormente lo hará el Consejo Estatal de Atención a Víctimas del Estado, así como el Fondo estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.