No hay pena más dura, luego de la privación de la vida, que la que puede quitarle su libertad a un ser humano.

En su afán de combatir la protervia, o los delitos menores, que, quiérase o no, afectan a personas inocentes, la sociedad ha dictado normas, leyes y reglamentos que contemplan el internamiento en sitios que ahora nuestro sistema judicial denomina Centros de Reinserción Social. El nombre deriva de la esperanza de que aquellas personas que por los avatares cotidianos sean internadas en esos lugares, al cumplir la pena que el sistema judicial les imponga por la infracción a las leyes, se reincorporen como personas dignas, útiles a la sociedad cuyas normas legales infringieron.

Desde abril pasado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán  inició un curso de Alta Especialización en Derechos Humanos, Sistemas Penitenciarios y Reinserción Social, dirigido a 40 funcionarios del Cereso, administrativos, psicólogos y criminólogos que han de atender a las personas privadas de su libertad.

El objetivo es que quienes han perdido su independencia, para la expiación de sus penas puedan aprovechar las oportunidades que la misma sociedad les brinda para reintegrarse a ella de manera productiva y no reincidir en la comisión de algún delito.

Profundizar en el conocimiento de los Derechos Humanos es importante para quienes trabajan con las personas que están privadas de su libertad por cometer algún delito, para que puedan hacerlo con respeto a la dignidad de éstas.

Hay que estar conscientes de que los organismos defensores de los Derechos Humanos no defendemos a quienes han cometido alguna infracción, nuestro sistema judicial les ha impuesto la pena a la que se hicieron acreedores, pero es importante señalar que tienen derecho al pleno respeto a su dignidad como seres humanos.