La victoria de Barack Obama el martes pasado, bajo el influjo del peso electoral de la comunidad mexicano-estadounidense, que sufragó entre 71% y 75%  a su favor en espera de la mejoría de su situación migratoria y en el acceso a los servicios de salud y educación, despeja dudas sobre la posibilidad de Enrique Peña Nieto de construir, a partir de su próximo encuentro,  mejores términos de colaboración con el gobierno estadounidense.

Aunque resulte difícil mantener el equilibrio en las relaciones de interdependencia, pues sería ingenuo pensar que el país norteamericano pudiera inhibirse de ejercer su, a veces contundente, influencia sobre la política nacional.

Bastaron, por ejemplo, dos años del gobierno de Bush Jr. para determinar el comportamiento sexenal de Calderón  al menos en seguridad nacional, con su guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, podemos esperar que en los 4 años de coincidencia entre el priista y el demócrata se pueda desarrollar la sinergia que generalmente proviene de quienes comparten visiones y objetivos similares.

Contribuye para ello el que ambos mandatarios provengan de partidos afines  ideológica, social y económicamente y que, mutatis mutandis, se encuentran en situaciones similares al tener mayoría en sólo uno de los parlamentos de su sistema bicameral, lo que tal vez los incline a fortalecerse  con una alianza firme entre vecinos.

La agenda mínima del gobierno mexicano  contempla básicamente los temas de Economía, donde busca estimular la inversión extranjera directa y el incremento de nuestras exportaciones, para la generación de empleos, y  Seguridad, donde hay que revisar la política conjunta del combate al crimen organizado en el tráfico de drogas y de armas.

Hay coincidencias en el objetivo inicial de impedir la pérdida de más puestos de trabajo y mantener la capacidad de consumo de las clases bajas y medias, aumentando los ingresos gubernamentales  -Obama para evitar la recesión que provocaría el drástico recorte presupuestal que plantean los Republicanos; Enrique Peña para ampliar la capacidad gubernamental de inversión sin incrementar y generalizar el IVA como proponen panistas y monetaristas-  a través de reformas fiscales que  graven los ingresos de las clases altas en USA, y erradicando los regímenes impositivos especiales en México.

El fracaso de la guerra contra el narcotráfico en México y la legalización de la marihuana en 18 estados norteamericanos, en dos con fines recreativos, da pie a la revisión de la estrategia bilateral de seguridad, para orientarla al control  del tráfico de drogas  como un problema de salud y economía ilegal, en lugar de enfrentarlo con la violenta represión que sólo benefició a la industria armamentista.