El ¡ya basta! de Cienfuegos

El rechazo del titular de Sedena a que comparezcan soldados ante la CIDH tiene que ver con la fortaleza de las instituciones garantes de la seguridad del Estado mexicano.

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Las recientes declaraciones del general Salvador Cienfuegos Zepeda de rechazar categóricamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  interrogue a los soldados por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa revela el hartazgo de los militares en este y otros casos en el que se pretende involucrarlos.

No sabemos de otros secretarios (de Defensa o Marina) que hayan alzado así, con energía, la voz en defensa de sus tropas, más bien, teníamos la percepción de que, ante algún señalamiento de civiles, se “entrega” a los soldados a la autoridad, a pesar de que –lo hemos subrayado– en las prisiones militares se cumplen sentencias por varios delitos del orden castrense.

Las respuestas del General Secretario, en una entrevista con Televisa, deben motivar a la reflexión, pues van más allá de la defensa a ultranza de sus subordinados; tienen que ver con la fortaleza de las instituciones garantes de la seguridad del Estado mexicano, y lo dice claramente Salvador Cienfuegos: “(…) no tienen por qué declarar los soldados. Primero, porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas”. 

Y es que, en el caso Ayotzinapa, un grupúsculo medra con el dolor de los familiares de las víctimas, y la CIDH pretende –sin pruebas contundentes– implicar al 27 Batallón de Infantería con base en Iguala. Para el titular de la Sedena es claro que a los militares los quieren interrogar para, posteriormente, hacer sentir que tienen algo que ver, de ahí su frase contundente: “no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”.

Creemos que en el caso de los normalistas, como en el enfrentamiento en Tlatlaya, se ha juzgado al Ejército sin pruebas. Más bien los señalamientos provienen del mal manejo de las primeras informaciones emitidas por las autoridades civiles, de otra forma no se explica el porqué el Ejército y la Marina siguen siendo las dependencias que mayor confianza inspiran a los mexicanos.

Anexo “1”

La Armada, dos pesas y dos medidas

El 27 de septiembre de 2013, en mi colaboración “Los retos del Atlas” narré la siguiente anécdota: 

Era una madrugada de principios de los años 80, en la entonces VI Zona Naval de Guaymas, Sonora. Un joven infante de marina realizaba su turno de vigilante en la Guardia en Prevención donde tenían confinado a un tercer maestre (sargento segundo) que iba a ser trasladado a la ciudad de México para ser juzgado por usurpación de funciones.

La caseta de la guardia no tenía un lugar seguro para alojar detenidos, lo cual aprovechó el maestre para huir por una larga callejuela que desembocaba en la avenida principal del puerto. El infante corrió tras él y, como marca el protocolo, le ordenó detenerse tres veces, luego disparó al cielo para amedrentar al fugado, quien por fin se detuvo. Solo que en Guaymas abundan los cerros y en ellos hay viviendas: la bala mató a una joven. El joven marino fue detenido y llevado a la ciudad de México donde fue juzgado por un juez civil, al igual que el frustrado prófugo.

Por esas mismas fechas, en un lamentable accidente de tránsito, tres oficiales del Cuerpo General ("juniors") mataron a un joven en ese mismo puerto. La decisión del mando fue cambiarlos de base para protegerlos de la acción de la justicia.

Así era antes… 

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