En Cancún hubo una especie de manotazo en la mesa por el tema de la inseguridad y la violencia. No fueron pocos los motivos: balaceras, ejecuciones, encañonados y una posible Alerta de Género en análisis. A sólo días de asumir funciones, la herencia recibida por las autoridades es tan indeseable como ineludible.

Cuando se analizan los datos confirmados, los indicadores y el contexto, se entiende por qué en Palacio han decidido instalar la temática en el centro de las ocupaciones. Siempre ha sido una prioridad, más cuando la percepción adversa se dispara, pero apenas se conjugaron los elementos antes descritos, se dio la orden de no escatimar esfuerzos ni recursos.

Cuentan que las llamadas y visitas del presidente Remberto Estrada, tanto a interesados como a expertos, se multiplicaron para contener a estas bandas que intentan poner sus reglas en “la plaza”, sembrar el miedo entre la población y doblegar a los gobernantes, revelan especialistas.

Ello explica la reunión entre representantes de distintas corporaciones en el C2, los cursos y las capacitaciones; pero, sobre todo, justifica que la seguridad sea trabajada desde ya por todas las dependencias municipales, en la que apoyan los otros dos niveles, aportan los tres Poderes e intervienen diversos sectores.

“Se trata de más recursos, capacitar a elementos, reforzar los patrullajes, dotar de armamentos, más vehículos, aumentar el número de retenes, tener presencia en bancos, cuidar plazas comerciales, coordinarnos con fuerzas armadas, usar nueva tecnología, fomentar la denuncia y otras acciones que presentaré en los próximos días”, enlista el primer edil, responsable de dichas operaciones. 

La pregunta es cómo. Uno de los involucrados sostiene que Estrada Barba instruyó revisar el marco jurídico (desde el Bando de Policía y Buen Gobierno hasta la legislación federal aplicable); apuntalar la política pública con más acciones y nuevas tendencias, así como tratar de incrementar el presupuesto. Estos tres ejes son clave para concretar sus planes. 

Pero en Cancún esta temática tiene un carácter multidimensional debido a la composición sociodemográfica, la vocación productiva y la imagen como destino de clase mundial, lo cual obliga a garantizar la seguridad, o bien ofrecerla en la mayor calidad posible, en el menor tiempo.

Visto así, se prevé una labor compleja que no concluirá en cuestión de semanas y requerirá la coparticipación de grupos no alineados hasta el momento o que tienen intereses muy particulares; entre estos, partidos, iglesias y sindicatos. 

Respecto a lo anterior, han declarado a conveniencia religiosos, dirigentes partidistas y líderes gremiales, ante los cuales también se llevará a cabo las gestiones necesarias; porque si bien la crítica es inevitable, la colaboración es obligatoria en estos procesos.

En una etapa como la actual, cuando a todos les conviene la estabilidad política y donde la mayoría promueve la paz social, no encajan las caras revanchistas ni las voces timoratas.

Desorbitado

El Gobierno del estado tramitó una prórroga ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para presentar después del 13 de noviembre el informe acerca de la Alerta de Género, pedida por la administración anterior. Esta Alerta incluye acciones para Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Solidaridad y Cozumel, donde se concentrarían los feminicidios.

Para algunos, es parte fundamental de la solución. Lo malo, es que un estudio nacional del año pasado demostró que la violencia no se contuvo en los estados donde se aplicaron estas medidas de emergencia por los homicidios así calificados.

Para otros, manchar la imagen del Caribe mexicano sería catastrófico.