En 2015 el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) coordinó una serie de foros y consultas para elaborar recomendaciones en justicia familiar, civil, mercantil, laboral y administrativa. 

El resultado fue un informe de recomendaciones sobre “justicia cotidiana”, un concepto acuñado por el Gobierno Federal al reconocer que se requiere también de cambios importantes en aquellas materias que no son del ámbito penal y lo más importante: una propuesta de reforma que ya fue aprobada, para el ámbito laboral, por el Senado de la República. 

En el documento del CIDE se ofreció una perspectiva sobre la importancia de las materias que no son asuntos penales, y que se refieren a los conflictos de personas, familias, empresas e instituciones: 35% de los asuntos que se atienden en los sistema de justicia estatal son del ámbito familiar, 30% civil y 20% mercantil.

Para señalar la importancia de lo que estas materias significan para Yucatán basta decir que 91% de todos los asuntos iniciados en los juzgados estatales en 2015 fueron familiares, mercantiles y civiles, esto es una cifra de 23,706 casos de esos órdenes en todo el Estado.

Los casos familiares representaron 44% del total, los mercantiles 32% y los civiles 15% de todos los iniciados en 2015. 

Desde hace años, Yucatán viene haciendo esfuerzos por mejorar la atención a estos asuntos e implantó la oralidad en materia familiar y en algunos casos mercantiles; elaboró un Código Familiar y de Procedimientos Familiares y ha insistido para que sus jueces se guíen por la protección más amplia para las personas. 

Sin embargo, en tiempos de la era digital, la democratización de las familias y la defensa de los derechos de las minorías, sectores vulnerables y víctimas, incluso la presión de organismos internacionales (el índice “Doing Business” de la ONU es un ejemplo) y el crecimiento poblacional, los casos se han convertido en verdaderos intríngulis, temas de alta complejidad, donde cada parte cree tener la razón y en los cuales deben ser escuchados todos.  Es decir, hay un largo camino por recorrer y desafíos de toda índole, incluyendo la necesidad de que los ciudadanos apliquemos vías de conciliación alternas para la resolución de conflictos. 

Más aun cuando la reforma aprobada la semana pasada plantea transferir la impartición de justicia laboral a los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas en el ámbito local y federal, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.