En el pasado inmediato la lucha contra la inseguridad fue prioridad. La estrategia fue centralista y represiva. Frente al deterioro, se tuvo que recurrir a las fuerzas armadas, y en muchas partes del país los mandos policíacos fueron sustituidos por militares en retiro. Se incrementaron las ejecuciones por la disputa de territorios entre grupos criminales resultado de la desarticulación de sus cúpulas provocada por el gobierno. Se hicieron muchas detenciones de jefes criminales, pero el delito no se frenó y la violencia aumentó, también, proliferaron las violaciones a los derechos humanos. Con la manipulación de cifras se hizo creer que las adicciones habían disminuido, cuando, en realidad, los números oficiales reportaban una modesta baja en el crecimiento. Se fustigó la crítica y muchos callaron. Los americanos aplaudían, pero no frenaron el tráfico de armas, hecho criminal que se les ha revertido como se vio en la masacre de Newtown.

Las cifras de la realidad dan cuenta del tamaño del fracaso. Este gobierno inicia en condiciones sumamente adversas. Al menos hay prudencia y claridad en el diagnóstico. La tarea por la seguridad es cuesta arriba. Importan mucho los prestigios y, más que ello, la claridad en los objetivos y la eficacia en las acciones. Debe haber una mejor coordinación entre las instancias de autoridad y, también, más empeño en la prevención. Frente a la magnitud del problema y el exceso propagandístico del pasado es natural que la población se mantenga escéptica.

La inseguridad es un drama que llega a muchas familias. Los derechos de las víctimas deben salvaguardarse. Las autoridades tienen un largo tramo que recorrer para ganar credibilidad. Poco se obtiene con baladronadas o excesos histriónicos. Importan las acciones; la sobriedad es obligada. Encomiable la mesura y cuidado en las palabras en el secretario de Gobernación y, particularmente, en el Procurador Murillo Karam.

La estrategia que anuncia el gobierno debe ser objeto de rigurosa evaluación. Las autoridades deben prestar oído fino a las voces críticas y a las percepciones de los ciudadanos. Queda claro que el reconocimiento no deviene de lo que se dice o de las intenciones, sino de los resultados.

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