Quintana Roo es beneficiado desde ya con una política pública que busca prevenir y erradicar la trata. Ha sido activada la Quinta Etapa del Programa Integral de Prevención a la Trata de Personas en el Sector de los Viajes y el Turismo, presentada por la Secretaría federal de Turismo, cuya misión es sensibilizar a prestadores de servicios turísticos y organizaciones del sector.

Las detenciones, las alertas migratorias y el desmantelamiento de bandas demuestran que en Cancún las alarmas por la presencia de estas redes no se desactivan. Lejos de minimizar o esconder el problema, se reconoce y trata de erradicar como nunca.

Son luchas permanentes para destruir industrias millonarias con nexos internacionales, incluyendo a países vecinos como Guatemala y Belice, y otros más distantes como Colombia.

Las dos más recientes operaciones dan cuenta de que pretenden acotarlo en esta ciudad, en la que dicho delito se facilita por su economía pujante, la migración temporal, su posición geográfica y la oferta amplia. Por ello los filtros, las investigaciones y las tareas especializadas se han reforzado entre corporaciones de los tres niveles con óptimos resultados.

En el aeropuerto de Cancún ya no extraña a nadie el rechazo migratorio de mujeres sudamericanas, quienes -suponen los agentes- vienen para sumarse. Tampoco asombran las divulgaciones que atacan a la pornografía -un delito ligado a la trata- en todo el país, las cuales exhiben a videoclubes de pedófilos. En redes sociales como Facebook hay sitios de Cancún, Chetumal y Riviera Maya identificados, que sin duda pronto serán tumbados.

A mediados de junio capturaron a mafiosos dedicados a la trata de forma simultánea en Mérida y Cancún. La pista la siguen en Colombia y Guatemala. Días antes, policías municipales de Benito Juárez detuvieron a cuatro menores y cuatro guatemaltecos en el centro de Cancún por ofrecer, entre otros, el “comercio sexual”. Fueron puestos a disposición de Migración y las autoridades competentes siguen las indagatorias con la mirada puesta en Chiapas y la frontera con Guatemala.

Así como estos hechos confirman la existencia, los golpes demuestran un trabajo incansable y limpio (sin disparos), que deberá cobrar éxito creciente con los presupuestos millonarios destinados a capacitaciones y certificaciones. 

El ejemplo lo pone la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, a cargo de Gaspar Armando García Torres, la instancia que por ley persigue este delito, junto con instancias federales y municipales, según el caso. Además del avance en la certificación de su personal (casi del 100 por ciento), contará con un presupuesto histórico de 32 millones 500 mil pesos, canalizados por la Secretaría de Gobernación mediante el Subsidio Policía Acreditable, para formación, capacitación y equipamiento.

Además de ello se depura la imagen de la institución. En lo que lleva de gestión Gaspar García, más de 600 funcionarios han sido cambiados de adscripción, más de 120 destituidos y algunos detenidos por actos ilegales, medidas que facilitan todas estas labores. 

Se está trabajando para reducir los índices de este flagelo y aislar a los delincuentes, no cabe duda. Cuando hay trabajo en equipo se nota, como evidencian las estadísticas: De acuerdo con información de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, entre 2008 y 2013 fueron rescatados en Quintana Roo nueve personas, esto cuando era débil la cooperación vertical entre administraciones. Con los hechos descritos párrafos antes, este número queda chico. 

Hay voluntad de las autoridades, reflejada con estos hechos, y hay ley que obliga, como la aprobada en 2010 por el Congreso local, la cual condena la explotación sexual infantil con penas que oscilan entre siete y 18 años de cárcel para delincuentes, con un aumento de hasta el 50 por ciento dependiendo de la gravedad. Falta, entonces, más denuncia. Falta que la ciudadanía se involucre más.