Finalmente, la justicia penal le dio la razón al reclamo de Jorge Zermeño sobre la manipulación del padrón del PAN en la selección de candidatos en Coahuila. Zermeño, ex embajador en España, dos veces presidente municipal de Torreón y uno de los panistas más respetados, buscó la candidatura al Senado. La votación favoreció a Luis Fernando Salazar. Zermeño impugnó el resultado por la alteración del padrón de militantes. El Tribunal Electoral federal falló en contra y el joven Salazar es ahora un prominente senador, alineado al grupo del diputado Guillermo Anaya, compadre de Felipe Calderón, de la línea dura en el Senado.

En días pasados, las autoridades informaron sobre la detención de una banda de secuestradores en Torreón, quienes son miembros adherentes del PAN. Destaca que el líder de la banda, Arturo Rodríguez López, trabajó con Anaya cuando fue candidato a la gubernatura el año pasado y se adhirió al PAN desde 2003. El Siglo de Torreón consigna que el detenido fue chofer de Anaya en varias ocasiones y que en 2011 fue detenido con otros operadores del PAN. Como era de esperarse, el diputado se deslindó públicamente de tener relación directa con su ex chofer, operador electoral y ahora presunto secuestrador.

El tema no es menor para el PAN. Su dirigente nacional, Gustavo Madero, ha emprendido una campaña para depurar el listado del PAN a sabiendas de que fue objeto de manoseo y que dañó la ejemplar tradición democrática del partido albiazul. Muchos no panistas se sumaron, como él dice, por una “chambita”; otros, por una “chambota”. No fueron pocos los casos como el de Jorge Zermeño; aspirantes eliminados por un listado manipulado por los grupos en control del aparato partidario o de posiciones de influencia en el gobierno federal, como en el caso de Coahuila, muy próximos a Calderón.

Las indagatorias de las autoridades deben continuar. Los partidos no cometen delitos; el PAN debe quedar salvaguardado de sospecha. Coahuila ha sido severamente golpeado por el crimen organizado, y es preciso que las autoridades actúen con rigor y que la ley se aplique por igual a todos, sin importar condición, fuero o investidura.

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