El sábado pasado una empresa particular festejó su aniversario en la calle 62 entre 61 y 63, tramo que se encuentra frente al Palacio Municipal de nuestra ciudad de Mérida, con la anuencia -al parecer- del Ayuntamiento.

Este hecho llama la atención, toda vez que dicha arteria, por céntrica y transitada, es clausurada en contadas ocasiones y, hasta donde la memoria me asiste, para eventos que la misma autoridad organiza relacionados con tomas de posesión, aniversario de la ciudad y eventos culturales.

No recuerdo que dicho espacio público se haya cerrado para actividades de promoción de una empresa privada. Es más, en todo el centro se hace un esfuerzo por parte de la autoridad para devolverle a todos lo que es de todos y que no es para el beneficio particular.

A pregunta expresa, el alcalde ha dicho que todos tienen derecho de solicitar dicho espacio para sus actividades y no me queda claro -o no lo quiero tomar literalmente- si la respuesta de Renán Barrera fue para salir del paso a una situación incómoda o es una nueva política de uso de bienes públicos para el servicio privado.

En los comentarios que este suceso motivó, no faltó quien afirmara que fue una desvergüenza por parte de la empresa haber pedido una de las calles de la Plaza Grande para su fiesta, poniendo al alcalde en un brete con su solicitud.

No haber pensado en las consecuencias para la autoridad y las situaciones que vendrán después de haberse abierto la puerta para este tipo de eventos hacen corresponsable a la empresa de lo sucedido, pero el Ayuntamiento es quien tuvo la última palabra.

Con este episodio que confunde lo público con lo privado, lo de todos con lo que a cada quien se le antoje, se crea un mal precedente que hay que atajar de inmediato.