Letra muerta resultan ser  las disposiciones establecidas en el reglamento de protección al ambiente y el equilibrio ecológico del municipio de Mérida, que aunque en su artículo 3º, fracción V, establece que es facultad y obligación del Ayuntamiento aplicar las disposiciones relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido que proviene de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles y de servicios, en la práctica no se hace nada para sancionar a los propietarios de comercios que utilizan bocinas de gran tamaño en las que con música a todo volumen tratan de llamar la atención de la clientela, aunque esto no se refleje en el aumento de sus ventas.

De acuerdo con especialistas en la materia, el límite tolerable del sonido al que pueden estar expuestos los seres humanos es de hasta 75 decibeles, y sin embargo, en los alrededores del área comercial de la ciudad, los registros son superiores a los 80 db.

El reglamento municipal establece que los límites permitidos de las diez de la noche a las seis de la mañana  es de 56 db y de hasta 68 de 18  a 22 horas, mientras que los comercios tienen como límite formal los 75 db. Este documento establece que las sanciones van desde los 7 mil 304 pesos hasta un millón 826 mil, pero habría que ver qué capacidad tiene la Comuna y sobre todo qué disposición tiene de sancionar a los casi tres mil establecimientos que hay en el centro, de acuerdo con el registro de la Canaco Servitur. 

Esta contaminación acústica genera complicaciones para la salud humana y es considerada en algunos lugares como la segunda causa de enfermedad por motivos medioambientales, por detrás de la polución atmosférica, según la Organización Mundial de la Salud.

La contaminación sonora se define como un sonido no deseado o perturbador. Un sonido se vuelve indeseado cuando interfiere con actividades de la vida diaria, como dormir o conversar, o irrumpe en la calidad de vida de una persona.

Algunos daños registrados a la salud humana incluyen estrés, presión alta, pérdida del oído y baja de productividad.

Es altamente recomendable incrementar la revisión a los llamados antros y comprobar que las disposiciones de la autoridad ni las escuchan ni atienden los propietarios de estos lugares.