El presidente Peña Nieto no quiere que (los medios) nos inunden de malas noticias porque considera que se marca a su gobierno, a pesar de que, dice, hay buenas cifras en distintos rubros, y nos exhortó a saberlas aquilatar. Ejemplificó que cuando aumenta el precio de algún servicio, se vuelve nota de todos los días, y cuando baja el costo de ese servicio, es nota de unos minutos o de un día.

Comprensible el deseo del Ejecutivo, ya que el ideal de los políticos es verse en la foto sonrientes, inaugurando obras, entregando apoyos o dando a conocer cifras macroeconómicas que no entendemos, pero que, según ellos, son indicadores de que el país sigue creciendo hacia un mejor futuro... aunque la percepción del ciudadano sea otra y los medios nos den las malas nuevas.

Al igual que la mayoría de los mexicanos, también nosotros deseamos escuchar y ver buenas noticias, pero, como dijo un periodista, mejor cambiemos de tema... o de país. En México, es un hecho que la inseguridad reina en la gran mayoría del territorio, con estados rehenes de la delincuencia, ejecuciones, desapariciones, levantones, robos, extorsiones.

También son malas noticias la corrupción en varios gobiernos estatales, la grave crisis en derechos humanos señalada por la CIDH, las revelaciones de sueldazos y bonos millonarios de directores del Infonavit, la debacle de Pemex, el alza de la gasolina, la depreciación del peso frente al dólar, la crisis de la Fundación Teletón por falta de credibilidad, la incapacidad de lograr acuerdos con maestros de la CNTE y las manifestaciones de empresarios afectados por marchas y plantones, la reforma educativa que no se concreta, y, por supuesto, los pésimos resultados en los Juegos Olímpicos de Río.

Entre algunas buenas nuevas podemos mencionar: que López Obrador no tiene propiedades y sólo gana 50 mil pesos al mes, que López Dóriga deja el noticiero estelar de Televisa, y que a este gobierno le faltan poco más de dos años. Pocas, pero sí hay buenas noticias.

Anexo "1"

Otra mala noticia para militares retirados 

La viuda de un teniente coronel retirado del Ejército se queja de que, tras el fallecimiento de su esposo, la pensión que recibía éste (y que ahora ella recibe) se redujo en casi un 50%, porque le restaron el porcentaje que establece la fracción III del artículo 31 de la Ley del Issfam (en este caso, el 80% al haber) por 40 años de servicio. 

En efecto, la fracción IV del artículo 31 de esa ley (que establece como se integra la pensión por fallecimiento del militar) no especifica que se incluya ese porcentaje (que se otorgó a cuentagotas ¡en cinco años!, por cierto), pero que muchos consideran debe incluirse ya que la fracción III señala que "A los militares que pasan a situación de retiro y se les computen 20 o más años de servicios efectivos, se les fijará el haber de retiro como se indicó en la fracción I, aumentando los porcentajes que se indican en la tabla siguiente..." es decir, que NO DICE que solo lo recibirá el militar en situación de retiro, además, ese porcentaje se integra al haber de retiro, no se desglosa en los recibos de pago.

¿A quién corresponde corregir o modificar esa ley? Porque lo justo es que los pensionistas beneficiarios perciban el mismo monto de haber de retiro que recibía el militar fallecido. ¿Será igual con pensionistas del IMSS o el Issste?