Pisoteando los principios básicos de la Ley de Transparencia, la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo, dirigida por la polémica empresaria chetumaleña Rosa Elena Lozano Vázquez, negó con pretextos absurdos información pública catalogada como obligatoria asegurando que no es de su competencia, a pesar de que ello contradice los postulados de la normatividad actual en la materia.

El pasado 26 de enero por medio del sistema INFOMEX se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) la nómina completa de la dependencia, incluyendo número total de empleados, cargos que ocupan, remuneraciones, prestaciones, compensaciones y años de servicio; simultáneamente esta solicitud también se realizó a otras dependencias estatales.

Cabe señalar que las nóminas, por pagarse con dinero gubernamental, son información pública obligatoria, aunque muchas dependencias son renuentes a entregar los datos solicitados. Ese fue el caso de la SEDE, que simplemente se sacudió la solicitud y “recomendó” solicitar los datos a la Oficialía Mayor.

Lo peculiar del caso, es que en el mismo oficio de respuesta ponen como fundamento de su negativa que en Quintana Roo “son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos”, y señalan que dicha información se deberá solicitar a las Unidades de Transparencia que cada uno de ellos tiene.

Pero tras este principio que da sentido al sostenimiento de las dormilonas Unidades de Vinculación de las dependencias estatales, se declararon “incompetentes” para brindar la información ¡de su propia nómina!, asegurando que este asunto es manejado en su totalidad por la Oficialía Mayor.

El colmo fue que unos días después se realizó una nueva solicitud de información pidiendo la lista de inmuebles que renta la SEDE, señalando su ubicación, costo de arrendamiento y persona física o moral que arrienda el local. Una vez más, la información fue negada y el ciudadano remitido a la Oficialía Mayor.

Los oficios fueron firmados por el Lic. Juan Antonio Alcocer, que no aparece como titular de la Unidad de Vinculación, sino como jefe del departamento jurídico de la SEDE y encargado, al parecer, de impedir a toda costa que los ciudadanos echen un ojo a lo que está pasando dentro de la Secretaría. Todos los oficios tienen copia a la titular, Rosa Elena Lozano Vázquez, quien tiene conocimiento de estas incoherentes negativas. Continuará...