Los incendios forestales preocupan a todos. Aproximadamente, cada año el fuego consume 300 mil hectáreas de selvas, bosques y pastizales en el país, según la Comisión Nacional Forestal. A la fecha, no existe método efectivo para prevenirlos o, por lo menos, llegar a tiempo para extinguirlos.

En Quintana Roo, por supuesto que también preocupa, más en las zonas centro y sur. Del 1 de enero al 20 de abril fueron registrados seis en el estado: cinco en Othón P. Blanco y uno en Felipe Carrillo Puerto, después de afectar poco más de 100 hectáreas. Además se atendieron cuatro conatos (afectan menos de una hectárea): uno en Othón P. Blanco, otro en Bacalar y dos más en Lázaro Cárdenas, detalla un reporte del Comité Estatal de Protección y Control de Incendios Forestales.

Estamos en plena temporada de incendios, pues en abril y mayo se incrementan debido a temperaturas elevadas, rachas repentinas de viento y escasas lluvias. Otro factor de riesgo es la fogata, encendida en zonas vulnerables o en palapas, muy común en la zona maya debido a usos y costumbres.

Las estadísticas demuestran que el 98 por ciento de los incendios forestales son provocados por actividades humanas, intencionales o por descuido, por lo que la autoridad exhorta con frecuencia aplicarlas medidas pertinentes, no dejando fogatas, brasas, cigarros ni cerillos encendidos.

Para el uso del fuego en terrenos forestales, se recomienda que el propietario o encargado del área contacte a las autoridades para capacitarse o tener el apoyo del personal preparado antes de realizar una quema, aun cuando eso rara vez sucede; no por apatía, sino por usos, costumbres y carencias.

Cuando hay carencias, de poco sirve que el personal especializado brinde orientación y recomendaciones para la quema con el objetivo de prevenir incendios forestales o mejorar el manejo de recursos forestales.

Cuando hay carencias, insisto, los miles de habitantes dependen del fuego para preparar los alimentos, abrigarse o ganar terreno para sembrar y cosechar algún día, por lo cual la quema no resulta una alternativa, pues es la única opción viable para sobrevivir.

No solamente el fuego destruye la vegetación arbustiva, sino que también son importantes el aumento del bióxido de carbono en la atmósfera, la destrucción del suelo o el ambicioso deterioro de entornos ecológicos para la construcción de conjuntos habitaciones, tan frecuente en Quintana Roo, y asunto en el que la autoridad tiene la obligación de intervenir con sanciones aplicables más severas. Basta recordar lo ocurrido en Cancún tras el huracán “Wilma”, en 2005, cuando el fuego intencional consumió miles de hectáreas del material que dejó la destrucción, donde fueron levantadas colonias enteras.

También la autoridad debe recordar que en los últimos 40 años no se ha presentado una reforma para el campo y, en general, para las zonas rurales. Los paliativos no han logrado beneficiar a los millones de mexicanos asentados en esos territorios susceptibles.

De hacerlo, pueden generar pronto empleos que reduzcan la pobreza y activen la economía de estas ricas regiones. Para ello se requiere una reforma que resuelva los serios problemas en la zona rural, y que agricultores, cañeros e indígenas se beneficien con políticas favorables.

También es preciso implementar mecanismos de financiamiento diferenciados. No es un disparate tratar de incorporar al desarrollo a los productores de autoconsumo, ya que hacerles llegar el crédito y el seguro podrían permitir una zona rural más rentable, apta para el ecoturismo, cumpliendo la seguridad alimentaria y otros anhelos.

Para controlar los incendios que vienen, una buena medida sería la construcción de suficientes depósitos para captar agua de lluvia en polígonos de mayor incidencia a fin de sofocarlos antes de que sean incontrolables, sobre todo por la creciente demanda del líquido potable y su escasez.