Renovar el sistema, el gran desafío de Enrique Peña Nieto

El hecho es que el país requiere una administración ágil, transparente y honesta, pero también eficaz, flexible y sensible a los problemas de la gente y a los desafíos internacionales.

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El relevo de administraciones debe también llevar a un cambio en muchos ámbitos del gobierno y la política. La transición democrática en México ha sido un largo proceso que ahora, con la alternancia en la presidencia de la República, exige un nuevo impulso. El cambio debe expresar el ánimo mayoritario por el progreso y por una mayor eficacia en el gobierno y en el sistema de representación política.

El gobierno dividido desde 1997 es la expresión de la voluntad democrática. Esta circunstancia, en el marco de un tripartidismo y fuerzas minoritarias, implica un desafío importante para la indispensable construcción de acuerdos.

El Poder Ejecutivo no debe ser rehén del Poder Legislativo; para ello se requiere responsabilidad política y también una reforma institucional que contribuya a que los desencuentros entre poderes se resuelvan de manera racional, siempre en el terreno democrático y a favor del interés común.

Así, dos de los aspectos fundamentales a considerar son flexibilizar el veto presidencial y la llamada reconducción presupuestal, que se agregan al régimen de iniciativa preferente recientemente aprobado y puesto en práctica, aunque todavía pendiente de reglamentar.

La organización del gobierno debe actualizarse conforme a las necesidades del país. En el debate que pronto iniciará el Congreso con base en la propuesta del nuevo gobierno, las deliberaciones deberán ir más allá de la integración de dependencias y de la transformación de la Secretaría de Gobernación, pues la administración pública federal requiere ajustarse a las nuevas exigencias y desafíos que claramente impone la realidad.

El hecho es que el país requiere una administración ágil, transparente y honesta, pero también eficaz, flexible y sensible a los problemas de la gente y a los desafíos que enfrentamos a nivel internacional. Mucho es lo que puede hacerse para mejorar la calidad de gobierno; los cambios tecnológicos, por ejemplo, abren la puerta a una nueva relación del ciudadano con la autoridad, en la que el control no está reñido con la simplificación de la gestión pública.

Toda dependencia debe emprender un proceso interno de transformación bajo la premisa de que el ciudadano es su objetivo sustancial. Así, el gobierno no solo tendrá que permanecer atento, sino asumirse como aliado de la sociedad.

Una de las áreas que demanda mayor atención es la nueva relación hacia y entre estados y municipios.


El régimen centralista crea un orden ficticio y conspira silenciosamente contra lo mejor que tiene México: la expresión de su diversidad regional y territorial. El federalismo y el municipio libre actúan a contrapelo de un centralismo oprobioso que anula el enorme potencial del país. Para cumplir lo que la Constitución establece respecto del pacto federal y de los municipios, muchos ámbitos de la administración y de la gestión pública habrán de ser transformados.

La fase más relevante inicia con las atribuciones en materia de recaudación y asignación de recursos. También será menester que estados y municipios adopten reglas tendientes a otorgar mayor transparencia y auditoría eficaz al ejercicio de sus presupuestos y a la asignación de los recursos.

En este contexto, el gobierno federal debe tener en claro que la mayoría de los programas y acciones requieren, para ser eficientes, la participación activa y responsable de las autoridades municipales y estatales. En el pasado reciente y todavía vigente, hay un lamentable desencuentro entre los gobiernos locales y el federal que debe resolverse, ya que nada positivo resulta por la vía de la recriminación o la disputa sobre las responsabilidades de los problemas, como es el de la inseguridad.

Debemos ser claros, los estados y los municipios constituyen el soporte de la República y ello demanda una actuación del gobierno federal con sensibilidad y sentido de perspectiva. Por lo pronto y en la toma de decisiones, conviene considerar la muy difícil situación que encaran las finanzas locales y la necesidad de una solución estructural que, además de resolver la circunstancia existente, derive en un régimen con mayores responsabilidades y atribuciones en materia hacendaria para estados y municipios.

La pluralidad política es un activo de la transición democrática, y el sistema de representación debe ser consecuente con esta realidad. No es posible construir gobernabilidad a costa de la
pluralidad o representatividad.

Los partidos existentes han transitado con éxito por la democracia, pero la democracia no ha transitado al interior de los partidos. Lo cierto es que estos deben acreditarse por su desempeño y que el virtual monopolio para acceder al cargo público debe hacerse acompañar por la democratización de los procesos internos de decisión, la apertura hacia la sociedad y la rendición de cuentas.

 

Por su parte, y como beneficiario de este contexto, el régimen de libertades debe ser ampliado y reafirmado en los hechos. Los medios de comunicación prosiguen su transformación profunda, y la revolución en las telecomunicaciones ofrece oportunidades inimaginables de comunicación y diálogo social.

La libertad de prensa ha sido uno de los mayores logros de la transición democrática, aunque su ejercicio se ha visto empañado por la intimidación y los hechos criminales de la delincuencia organizada; de ahí la necesidad de que el Estado emprenda acciones para asegurar una eficaz protección al periodismo nacional en todas sus expresiones.

El Congreso, el Poder Judicial y los organismos autónomos o descentralizados tienen su propia responsabilidad y su propia agenda en la transformación del gobierno, la representación política y la gestión pública.

Por el bien del país, el relevo de gobierno debe alentar un proceso de transformación institucional en todos los ámbitos de la vida pública; una transformación que alcanzará su plenitud cuando autoridades, representantes populares e instituciones públicas sean consecuentes con el propósito compartido de conceder a México su mayor expresión de grandeza.

http://twitter.com/liebano

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