Todo gobierno que se inicia debe tener tiempo para demostrar su capacidad de gestión y servicio, sin embargo, no está exento de recibir críticas y debe considerar éstas cuando tienen nombre y apellido.

Para nadie es nueva la denuncia de actos de corrupción y tráfico de influencias en la Dirección Estatal de Transporte, contra su director Henry Sosa Marrufo, comenzando con la protección a los mototaxis, los cuales ya fueron a denunciar a las puertas del Palacio de Gobierno que entregaban cuotas a cambio de que puedan trabajar; a finales de septiembre, los empresarios del transporte urbano lo acusaron  de proteger la “aparición” indiscriminada de credenciales y la venta de placas de taxis.

También por años se ha hablado de la existencia de cientos de “taxis piratas”, y otros fuera de ruta que operan en la ciudad, antes incluso de que se entregaran las primera concesiones para taxímetros.

Si ese número de unidades están en las calles con el consentimiento de las cooperativas y demás organizaciones que las toleran y las fomentan, ¿por qué se permite que unos cuantos obtengan ingresos millonarios por “cuotas de protección”, en lugar de regularlos y permitir que ese dinero ingrese legalmente a las arcas del gobierno?